Conferencia de la ONU: Primer Protocolo Global para Combatir Delitos Ambientales y Crimen Organizado

Un hito significativo en la lucha contra los delitos ambientales se concretó en Viena, en el marco de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC). Durante este evento, se aprobó una resolución que establece la creación de un comité especial destinado a desarrollar un Protocolo sobre delitos ambientales transnacionales.

Desde su inicio en el año 2000, la UNTOC se ha centrado en temas como la trata de personas, la migración y el tráfico de armas. Sin embargo, la reciente cumbre, celebrada el 23 de octubre, marca un punto de inflexión, enfocándose también en la trata de fauna y flora silvestres, la minería ilegal y el tráfico de residuos. Estos asuntos se reconocen ahora como delitos transnacionales que requieren una respuesta coordinada por parte de los países miembros de la UNTOC.

“Este es un momento histórico en la lucha global contra los delitos ambientales. En un contexto donde el multilateralismo enfrenta desafíos sin precedentes, los gobiernos han unido fuerzas para reconocer que el tráfico de especies silvestres y la minería ilegal son formas serias de delincuencia organizada transnacional que requieren una respuesta internacional coordinada”, afirmó Alice Pasqualato, experta en políticas globales sobre delitos ambientales de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS), tras la aprobación del acuerdo.

La voz de los pueblos indígenas en la cumbre

La participación de representantes de pueblos indígenas de la Amazonía fue crucial durante la cumbre. Más de diez líderes de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil se hicieron presentes para compartir cómo la criminalidad organizada impacta sus vidas en la región. Esta fue la primera ocasión en que un grupo de representantes indígenas amazónicos asistió a este foro internacional.

La resolución que impulsa el desarrollo de un Protocolo sobre delitos ambientales transnacionales fue respaldada por once países, de los cuales ocho pertenecen a América Latina (Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay), así como Mauritania, la República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe. En total, 83 naciones apoyaron la iniciativa, mientras que solo 12 votaron en contra y 27 se abstuvieron.

Entre los países que se opusieron se encuentran Argentina, Israel, Venezuela, Japón y Estados Unidos, este último intentó bloquear la creación del protocolo mediante varias enmiendas y presiones a otros estados para que se pronunciaran en contra.

Impacto del crimen organizado en los territorios indígenas

Marcelo Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) de Perú, destacó la importancia de la participación indígena para visibilizar las amenazas que enfrentan sus territorios debido al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de tierras. “Sabemos que el narcotráfico y el crimen organizado no conocen fronteras; por ello, es esencial que en este espacio global se apruebe un protocolo para combatir el aumento de la criminalidad organizada en nuestros territorios”, expresó Odicio antes de la aprobación del protocolo.

Los líderes indígenas compartieron sus experiencias sobre el impacto de los crímenes ambientales en sus países, resaltando cómo la violencia y la presencia del crimen organizado amenazan a las comunidades en la Amazonía. Brayan Mojinajisoy, líder del pueblo inga del Bajo Putumayo en Colombia, comentó sobre la similitud de la situación en su región con la de Perú, donde los grupos armados operan en una zona de tránsito entre Colombia, Ecuador y Perú, facilitando sus actividades delictivas.

Además de la aprobación del protocolo, los representantes indígenas exigieron ser incluidos en las discusiones y decisiones de este foro internacional, destacando la necesidad de que sus sistemas de gobierno y estructuras organizativas sean reconocidos.

Perspectivas del nuevo protocolo y su implementación

La resolución aprobada en la UNTOC establece la creación de un comité especial que trabajará en un protocolo adicional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, orientado a abordar los delitos ambientales mencionados y a implementar medidas para su prevención, investigación y enjuiciamiento.

Este acuerdo marca el inicio de negociaciones para la elaboración del nuevo protocolo, que contempla la realización de cuatro sesiones para presentar un proyecto en la próxima conferencia de las partes. Además, se reconoce el papel fundamental de los pueblos indígenas y comunidades locales en los esfuerzos de los Estados miembros para combatir delitos ambientales y la corrupción relacionada.

“Esta decisión histórica permite que la comunidad internacional se alinee en la búsqueda de respuestas coordinadas a los delitos ambientales transnacionales. Sin embargo, su efectividad dependerá de la participación significativa de los pueblos indígenas en el diseño y la implementación del protocolo”, comentó Raphael Hoetmer, director del Programa del Amazonas Occidental de Amazon Watch.

Sofía Jarrín, asesora de Defensa de la Amazonía Occidental en Amazon Watch, enfatizó la importancia de reconocer a los pueblos indígenas como actores clave en este proceso. “Lo que inicia ahora es un proceso de negociaciones donde buscaremos que la voz de los pueblos indígenas sea escuchada”, añadió.

Aunque aún no se ha establecido un mecanismo formal para su participación, Jarrín subrayó que se buscará que los pueblos indígenas sean actores activos, no solo por su conocimiento del territorio, sino también por su contribución a la seguridad en la Amazonía.

La iniciativa, que ha tenido un fuerte impulso por parte de Brasil y Perú, ha sido liderada por Carlos Alberto Sánchez del Águila, ministro en la Embajada de Perú en Austria. Jarrín destacó el compromiso de Sánchez del Águila y de Brasil en la promoción de este protocolo y en la creación de mecanismos de participación adecuados.

En un comunicado, la Wildlife Conservation Society (WCS) elogió el liderazgo de Brasil, Francia y Perú al unir esfuerzos en esta iniciativa y reconoció a todos los copatrocinadores y aliados de la sociedad civil que hicieron posible esta decisión.