Canarias exige al Gobierno claridad sobre el marco jurídico y financiero del Abono Único tras su publicación en el BOE

El Gobierno de Canarias ha enviado una comunicación al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para expresar sus inquietudes en relación con el programa anunciado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las autoridades canarias consideran que el modelo presentado no contempla adecuadamente la inclusión del Bono Residente Canario, lo que podría dejar a la comunidad autónoma fuera del sistema.

En mayo de 2025, Canarias había ofrecido al Estado la posibilidad de convertirse en un territorio piloto para el desarrollo del Abono Único nacional, basándose en los avances logrados con el Título Único Canario. Desde entonces, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha manifestado sus dudas sobre cómo se implementará este nuevo programa en el archipiélago.

Preocupaciones sobre la implementación del programa

María Fernández, directora general de Transportes y Movilidad, ha expresado que, tal como está diseñado el programa, Canarias no puede adherirse a él debido a su singularidad en competencias. El Ejecutivo canario solicita al Estado que aclare el alcance del programa, su encaje jurídico y competencial, así como las condiciones económicas necesarias para su puesta en marcha en la región.

Fernández ha destacado que el documento no proporciona información suficiente sobre aspectos cruciales como el modelo de financiación, los mecanismos de compensación para administraciones y operadores, y cómo se coordinarán las autoridades de transporte en Canarias. “La norma actual no permite la adhesión de Canarias, dado su régimen competencial único”, afirmó.

El programa establece que la participación de administraciones fuera de la Administración General del Estado es voluntaria y sugiere que los convenios de adhesión pueden abordar cuestiones financieras y de compensación. Sin embargo, el marco de financiación y los métodos para calcular y liquidar compensaciones no han sido especificados, lo que es fundamental para que Canarias considere unirse al sistema.

Necesidad de certidumbre jurídica

Fernández también ha enfatizado que un sistema de estas características debe brindar certezas jurídicas y garantías económicas a las administraciones y operadores involucrados. Esto es especialmente relevante si se contempla que usuarios de otras regiones utilicen títulos integrados en el Abono Único en Canarias.

Además, es vital que se aclare cómo se integrará el Bono Residente Canario en este modelo, dado que su regulación corresponde al Gobierno de Canarias. El programa sugiere que las autoridades de transporte asumirán los compromisos derivados de su adhesión, por lo que es esencial definir cómo se repartirán las responsabilidades en áreas como la gestión del sistema y la aplicación de condiciones de uso.

Oferta de colaboración para un sistema piloto

El Gobierno de Canarias ha subrayado su interés en colaborar con el Estado, recordando el trabajo realizado para avanzar hacia la integración de los títulos de transporte a través del Título Único Canario. En mayo de 2025, se propuso ser un territorio piloto para la implementación del Título Único nacional, lo que permitiría aprovechar los avances tecnológicos y operativos logrados en las islas.

Esta iniciativa podría contribuir a un sistema nacional interoperable, teniendo en cuenta desde el inicio las particularidades del transporte en el archipiélago. Canarias pretende aportar su experiencia y desarrollo en este ámbito a un proyecto de mayor alcance y garantizar que las necesidades locales sean atendidas adecuadamente.

Falta de coordinación institucional

El Ejecutivo canario ha expresado su preocupación por la falta de información previa respecto a la publicación del programa y sus condiciones. En la última Conferencia Sectorial de Transportes, no se comunicó a las comunidades autónomas que el programa sería publicado en los términos que se conocen ahora, ni se discutieron las condiciones específicas que se incluyen en el documento.

La falta de coordinación y diálogo previo es un punto crítico, especialmente cuando se trata de sistemas de transporte y tarifas ya establecidos en diferentes regiones. La directora general ha reiterado la disposición del Gobierno de Canarias para trabajar junto al Ministerio con el fin de resolver las dudas planteadas y avanzar hacia una interoperabilidad efectiva de los títulos de transporte.

“El objetivo de facilitar la movilidad de los ciudadanos es un objetivo compartido. Sin embargo, para hacerlo realidad en Canarias, es indispensable considerar su singularidad y la particular distribución de competencias en materia de transporte”, concluyó Fernández.