En el marco del I Congreso de Costas Canarias, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Menéndez-Rexach, realizó un profundo análisis sobre la evolución del marco jurídico relacionado con el litoral español, así como las dificultades que surgen al intentar delimitar las competencias del Estado y de las comunidades autónomas en esta materia.
La necesidad de reforma de la Ley de Costas
Durante su intervención, Menéndez-Rexach subrayó la urgencia de una reforma de la Ley de Costas del Estado, un sentimiento compartido por diversas comunidades autónomas que enfrentan nuevos desafíos en la gestión del litoral. A lo largo de su ponencia, el académico revisó el desarrollo de la Ley de Costas de 1988, que inicialmente concentraba las competencias en la Administración General del Estado. Sin embargo, el surgimiento y la consolidación de las comunidades autónomas han modificado este panorama, permitiendo que estas entidades asuman nuevas responsabilidades en la ordenación del litoral.
El catedrático también resaltó las complicaciones que surgen al intentar establecer una línea clara entre las competencias estatales y autonómicas. Esta problemática se ha vuelto más pronunciada a medida que la jurisprudencia constitucional ha evolucionado, generando interrogantes sobre cómo se debe interpretar la competencia autonómica en relación con la legislación estatal que regula el dominio público marítimo-terrestre.
Definición y alcance del litoral
Otro punto relevante abordado en la presentación fue la falta de una definición legal precisa sobre el concepto de litoral. Menéndez-Rexach argumentó que la Ley de Costas carece de una descripción clara y que su alcance debería incluir no solo la dimensión terrestre, sino también la marítima. Esta falta de claridad es un obstáculo para la adecuada gestión y ordenación del litoral.
El catedrático destacó además las discrepancias que existen entre las normativas autonómicas en la delimitación del litoral y enfatizó la necesidad de establecer un criterio común. Esta armonización es esencial para proporcionar una mayor coherencia al marco jurídico y para esclarecer el ámbito de actuación de las diferentes administraciones involucradas.
Informes de Costas y su impacto en la planificación
La ponencia fue precedida por una sesión enfocada en la conflictividad competencial relacionada con el litoral, en la que participaron otros destacados académicos, como el profesor Ángel Lobo Rodríguez y el catedrático Andrés González. Lobo se centró en el análisis de los informes de Costas durante la tramitación de instrumentos de planificación territorial y urbanística.
Los datos del Tribunal de Cuentas revelan que entre 2014 y 2020 se registraron aproximadamente 2,106 expedientes relacionados con estos informes. El tiempo medio de resolución fue de 129 días para el primer informe, a pesar de que el plazo estipulado es de un mes, y de 114 días para el segundo, cuyo límite es de dos meses. A estos retrasos se suman los problemas en el traslado de los expedientes desde los servicios periféricos hacia la Dirección General en Madrid, lo que puede prolongarse hasta cuarenta días.
Como solución, Lobo propuso la idea de reemplazar los dos informes actuales por uno único, que se emitiría tras la aprobación inicial del plan y se centraría exclusivamente en un análisis técnico de las competencias sectoriales estatales. Esta propuesta busca simplificar y agilizar el proceso de planificación, optimizando la gestión del litoral en beneficio de todas las partes interesadas.
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