El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley que implementa un conjunto de medidas fiscales y económicas destinadas a apoyar a los sectores productivos del archipiélago, en respuesta a la crisis internacional provocada por el conflicto en Oriente Medio. Este decreto entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y requerirá la convalidación del Parlamento de Canarias.
El paquete de iniciativas busca adaptar el contexto canario a las medidas estatales establecidas en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que no se aplican de manera directa en la región debido a su régimen fiscal particular. De esta forma, se refuerza el escudo socioeconómico de una comunidad que ya enfrenta desafíos por su condición de región ultraperiférica.
Se estima que el conjunto de medidas tendrá un impacto económico de aproximadamente 29,8 millones de euros, con la posibilidad de alcanzar los 60 millones anuales si la crisis se prolonga.
La justificación para la aprobación de este decreto radica en la evolución del conflicto y su impacto en los precios de la energía, los combustibles, el transporte y los bienes esenciales, afectando especialmente a sectores estratégicos como el transporte, el turismo, la agricultura y la industria.
Entre las medidas fiscales destaca la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a productos energéticos, que incluye combustibles derivados del petróleo, gas, biomasa y leña. Esta acción busca mitigar el aumento de precios y reducir el coste tanto para familias como para empresas, con un coste estimado de 14,1 millones de euros anuales y de 3,9 millones para un periodo inicial de 100 días, conforme a lo establecido en el decreto ley estatal.
Además, se incrementará hasta el 99% la devolución del Impuesto Especial sobre combustibles para agricultores y transportistas, lo que representará un coste de 19,4 millones de euros anuales y de 5,3 millones en el mismo periodo de 100 días.
El decreto también amplía la lista de productos básicos que se benefician del IGIC al 0%, incluyendo nuevos artículos esenciales como sal, mantequilla y café, con un impacto económico estimado de 3,2 millones de euros anuales y de 900.000 euros durante el periodo inicial.
Para los autónomos, se establece un aumento del límite de facturación anual a 50.000 euros para acogerse al régimen especial del pequeño empresario en el IGIC, lo que facilitará la reducción de cargas fiscales y administrativas. Esta medida, de carácter voluntario, tiene un coste estimado de 12,5 millones de euros para el presente año.
El decreto ley también contempla una asignación extraordinaria para apoyar al sector industrial y agrícola canario, destinada a mitigar el aumento de costes energéticos y de producción, con una dotación adicional de 7,2 millones de euros.
El Gobierno de Canarias enfatiza que este decreto ley proporciona una respuesta inmediata y ajustada a las particularidades del archipiélago, garantizando la eficacia de las medidas en un entorno de alta incertidumbre internacional. Asimismo, hace hincapié en la necesidad de que las futuras políticas estatales incluyan una «cláusula canaria» para adaptar las medidas a las condiciones específicas de las islas.
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