Revelan detalles ocultos del dictamen científico sobre la evaluación del fracking en México

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha reabierto el debate sobre la posible implementación de la fracturación hidráulica, comúnmente conocida como fracking, con el objetivo de extraer reservas de gas no convencional. Esta medida busca disminuir la dependencia del país del suministro estadounidense y avanzar hacia una mayor soberanía energética.

Un comité de evaluación, creado por la mandataria para investigar la seguridad ambiental de esta técnica, ha publicado sus primeras recomendaciones tras varios meses de análisis. Este organismo, compuesto por 54 científicos y expertos en diversas disciplinas como la gestión del agua, la explotación sostenible, la geología y el medio ambiente, ha respaldado la continuación de la exploración en varias áreas del noreste del país para determinar la viabilidad de la extracción de gas a través del fracking.

Condiciones para la exploración

A pesar del aval del comité, se establecieron condiciones técnicas, ambientales y sociales que deben cumplirse antes de que se inicie cualquier actividad de extracción. Sin embargo, varios grupos y organizaciones defensoras del medio ambiente han manifestado su preocupación, argumentando que la evaluación no ha demostrado que las nuevas tecnologías sean capaces de mitigar los riesgos asociados a esta práctica. Además, critican que no se han considerado adecuadamente las posibles repercusiones para los territorios y comunidades indígenas.

La comisión estima que México cuenta con un potencial de gas natural de aproximadamente 141.5 billones de pies cúbicos en yacimientos no convencionales, principalmente en las cuencas de Burgos, Sabinas-Burro-Picachos y Tampico-Misantla. Sin embargo, enfatiza la necesidad de evaluar cuántas de estas reservas puedan ser recuperadas de manera viable, teniendo en cuenta factores técnicos, económicos y ambientales.

Restricciones en zonas pobladas

Entre sus recomendaciones, el comité ha descartado de forma categórica la explotación mediante fracking en la cuenca de Tampico-Misantla, que abarca los estados de Veracruz y Tamaulipas, debido a la alta densidad poblacional y a la dependencia de numerosas comunidades indígenas de la tierra para sus medios de vida. Esta restricción se extiende a regiones como la Huasteca, en San Luis Potosí, y parte de la Sierra Norte de Puebla.

A pesar de estas limitaciones, el comité ha sugerido seguir evaluando la viabilidad del desarrollo de yacimientos no convencionales de gas en las cuencas de Sabinas-Burro-Picachos, en Coahuila y Nuevo León, así como en la cuenca de Burgos, situada en el noreste de Tamaulipas. Sin embargo, se enfatiza que, antes de iniciar cualquier extracción, es fundamental demostrar la disponibilidad de reservas de agua salada adecuada para estas operaciones, evitando el uso de agua dulce destinada al consumo humano y otras actividades productivas.

Alternativas y sostenibilidad energética

Por último, el comité ha instado al Gobierno a explorar todas las alternativas posibles para lograr la soberanía energética antes de proceder con cualquier actividad de fracking. Entre estas alternativas se incluyen el incremento de la generación eléctrica a través de fuentes renovables, la mejora de la eficiencia energética, la reducción de la quema de gas en campos petroleros y el aprovechamiento máximo de los yacimientos convencionales.

Una coalición de aproximadamente 35 organizaciones que se oponen al fracking ha emitido un comunicado en el que critican las recomendaciones del comité. Aseguran que la evaluación fue sesgada desde su inicio, ya que el objetivo declarado era analizar la «posible explotación sustentable» del gas no convencional, en lugar de considerar una prohibición total del fracking en México.

Demandas de los defensores del medio ambiente

Las organizaciones han cuestionado la legitimidad de las conclusiones del comité, argumentando que la evaluación omitió la participación de las comunidades que se verían directamente afectadas, así como de expertos en áreas fundamentales como epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas. En su opinión, esta exclusión es intencional, ya que el fracking es un tema que trasciende lo técnico y abarca decisiones políticas, territoriales, climáticas y de derechos humanos.

Además, han señalado que las nuevas tecnologías propuestas para minimizar el impacto ambiental del fracking, como el uso de agua salada y el reciclaje del agua utilizada durante las operaciones, solo han sido presentadas en estudios académicos y no han sido sometidas a pruebas que demuestren su efectividad en la práctica. De esta manera, concluyen que no existe evidencia científica sólida que garantice que estas innovaciones eliminen los riesgos inherentes al fracking.

Por lo tanto, la coalición exige una prohibición constitucional del fracking a nivel nacional, argumentando que esta es la única forma de garantizar la protección de los derechos universales a la salud y a un medio ambiente saludable.