El Gobierno de México ha alcanzado un acuerdo significativo con las principales plataformas digitales en relación a un nuevo decreto que tiene como objetivo responsabilizar a las empresas tecnológicas en la difusión de contenidos que fomenten el odio, la violencia, el abuso y el acoso. Este entendimiento fue presentado por Claudia Sheinbaum, presidenta del país, quien anunció que la normativa será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los próximos días.
La mandataria destacó que las empresas tecnológicas mostraron un consenso total respecto a las propuestas planteadas, y aunque aportaron algunos puntos adicionales, el decreto avanzará con el respaldo de las plataformas. “Increíblemente estuvieron totalmente de acuerdo. Agregaron algunos temas, pero las plataformas están de acuerdo en lo que les estamos pidiendo, de tal manera que el decreto sale con un acuerdo”, afirmó Sheinbaum.
Respuesta a un ataque violento
La propuesta de regulación fue impulsada a raíz de un ataque violento ocurrido en la Escuela Secundaria Número 13 “Justo Sierra Méndez”, en Torreón, Coahuila. Este acto fue llevado a cabo por dos exalumnos que, supuestamente, se vieron influenciados por una cuenta de redes sociales que glorificaba a autores de tiroteos escolares en otras naciones. En respuesta, la presidenta anunció la formación de un grupo de trabajo interinstitucional destinado a desarrollar programas y mecanismos que obliguen a las plataformas digitales a eliminar contenidos que inciten a la violencia de manera inmediata una vez sean detectados.
Sheinbaum enfatizó que es esencial que las empresas asuman una parte de la responsabilidad en la difusión de contenidos relacionados con actos delictivos. «Queremos que las plataformas no difundan, promuevan ni propaguen la comunicación vinculada a estos comportamientos», subrayó.
Colaboración con jóvenes y plataformas digitales
En los días recientes, la presidenta ha mencionado que su administración está comprometida a mantener un diálogo con jóvenes usuarios de internet y representantes de las plataformas digitales en México. El objetivo es asegurar que la normativa establezca mecanismos de prevención sin caer en la censura. Sheinbaum también ha señalado que, aunque los padres tienen una responsabilidad en el uso adecuado de los medios digitales por parte de sus hijos, esta no puede ser comparada con las obligaciones que deben asumir las grandes empresas tecnológicas al proporcionar espacios seguros en línea.
“No es lo mismo la responsabilidad de una empresa monopólica, mundial, que está promoviendo sin ningún filtro que los jóvenes tengan acceso a la violencia en las redes, al abuso sexual, a una cantidad de información que no debería generarse en las plataformas”, explicó, resaltando la necesidad de que las plataformas cumplan con su deber de crear un entorno seguro para los menores.
Detalles del acuerdo y sus implicaciones
Aún se desconocen los mecanismos y obligaciones específicas que se incluirán en el acuerdo. Sin embargo, se anticipa que Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, proporcionará detalles sobre la normativa en los próximos días. Previamente, se había mencionado que en la elaboración de la iniciativa participarían varias instituciones, incluyendo la Consejería Jurídica, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), así como las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Educación Pública, además del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Las plataformas digitales deberán implementar programas informáticos que restrinjan el acceso de los menores a contenidos perjudiciales, que abarcan discursos de odio, extremismo violento, acoso digital, violencia escolar, explotación sexual, suicidio, autolesiones y trastornos alimenticios, entre otros. Además, se espera que refuercen sus mecanismos de moderación y faciliten herramientas para reportar publicaciones nocivas.
Compromisos y supervisión de plataformas
La mandataria subrayó que las plataformas estarán obligadas a desarrollar todos los mecanismos necesarios para proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos inapropiados. Esto incluye la implementación de configuraciones de control parental más estrictas y la colaboración con las autoridades en investigaciones relacionadas con la difusión de material dañino.
Las empresas deberán designar enlaces disponibles las 24 horas, garantizar la preservación de evidencia digital y notificar de inmediato cualquier amenaza detectada hacia la vida o integridad de las personas. La supervisión del cumplimiento de estas medidas estará a cargo de la ATDT y el CNI.
Por último, se prevé que el decreto contemple medidas para fortalecer el programa “El ABC de las Emociones”, la incorporación de buzones confidenciales para la detección temprana de riesgos y la implementación de campañas de orientación dirigidas a adolescentes.
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