El Gobierno de Canarias ha presentado un ambicioso proyecto de reforma de la Ley 4/2017, que regula el Suelo y los Espacios Naturales Protegidos. Esta actualización busca responder a los desafíos actuales del Archipiélago, como el acceso a la vivienda, el cambio climático y el reto demográfico. La iniciativa fue expuesta ante la Comisión de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias, marcando un paso importante en la adaptación de la normativa a las necesidades contemporáneas.
Durante su intervención, Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, destacó el papel fundamental que han desempeñado los cabildos insulares y sus equipos técnicos en el desarrollo de esta propuesta, así como su activa participación en los foros de debate que precedieron a la elaboración del proyecto.
La Ley del Suelo de 2017 representó un avance significativo en la forma de gestionar y proteger el territorio canario, sustentada en principios de simplificación, racionalización y seguridad jurídica. Desde su implementación, ha propiciado la modificación de 250 planes municipales y más de 30 instrumentos de planificación insular. “Nueve años después de su aprobación, consideramos esencial actualizarla para integrar los cambios normativos recientes, especialmente en áreas críticas como el cambio climático y la vivienda”, explicó Miranda.
Proceso Participativo Amplio y Diversificado
La actualización de la ley es el resultado de un extenso proceso de participación que comenzó en noviembre de 2023, en el marco del congreso de ACADUR, y se extendió hasta 2025. Durante este periodo, se llevaron a cabo 17 foros de discusión, de los cuales dos fueron específicamente dirigidos a los cabildos insulares, con la participación de más de 700 profesionales y expertos en la materia.
Entre los asistentes, se contaron cerca de 300 empleados públicos de distintos ayuntamientos y 40 técnicos de las corporaciones insulares. En febrero de 2025, la propuesta fue presentada ante la Federación Canaria de Islas (FECAI). La reforma mantiene la estructura y los elementos clave de la ley vigente, garantizando su integración y la seguridad jurídica necesaria en su aplicación.
Prioridades en la Gestión del Territorio
El enfoque central de la reforma se orienta hacia un modelo urbanístico sostenible que priorice la transformación y renovación de áreas ya urbanizadas, en lugar de la expansión hacia nuevos terrenos. Para lograrlo, se propone aumentar del 10 % al 15 % el aprovechamiento sujeto a cesión obligatoria en el suelo urbanizable, además de exigir la desclasificación de una superficie equivalente al clasificar nuevo suelo urbanizable.
Asimismo, se busca fomentar la renovación urbana enfocada en la construcción de viviendas protegidas, estableciendo un tratamiento más favorable para el suelo urbano en comparación con el urbanizable. La propuesta también reafirma que en los suelos ambientales se podrán desarrollar usos y actividades que sean compatibles con los valores de protección establecidos.
Agilidad en los Procedimientos y Planes
Otro de los objetivos clave de la reforma es la reducción de los tiempos y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de los instrumentos de ordenación. Esto se logrará mediante la reducción de los plazos para la emisión de informes, la realización de consultas y el desarrollo de períodos de información pública, así como la simplificación de la documentación requerida y la eliminación de trámites no esenciales.
En el ámbito de la cooperación administrativa, se plantean reducciones significativas en los plazos de emisión de informes para actuaciones de relevancia territorial. Además, se busca agilizar la tramitación de licencias y proporcionar mayor seguridad jurídica al precisar que los supuestos de silencio administrativo negativo estarán determinados por la legislación básica estatal.
Continuidad en las Iniciativas Normativas
Este esfuerzo de actualización no es aislado, sino que se suma a diversas iniciativas normativas adoptadas en la presente legislatura, con el fin de facilitar la gestión urbanística y abordar necesidades específicas. Entre estas se encuentran el Decreto 1/2024 para fomentar la rehabilitación de viviendas inacabadas, el Decreto 5/2024 para promover el desarrollo de energías renovables, y otros decretos destinados a acelerar la construcción de vivienda y clarificar el régimen de edificaciones consolidadas.
El Gobierno sostiene que esta reforma permitirá profundizar en los principios de simplificación y seguridad jurídica, sin comprometer las garantías legales, a la vez que refuerza la protección del territorio. Por lo tanto, Miranda ha solicitado el apoyo de los cabildos insulares para la propuesta y ha expresado su agradecimiento por la colaboración y el esfuerzo de las corporaciones insulares y sus equipos técnicos durante este proceso de análisis y debate.
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