Brasil ha dado un paso significativo al presentar la primera hoja de ruta global destinada a eliminar progresivamente el uso de combustibles fósiles. Este ambicioso esfuerzo busca acelerar la transformación de los sistemas energéticos a nivel mundial y facilitar el cumplimiento de los compromisos climáticos. Durante la 30ª Conferencia de las Partes de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP30), el país también reveló un plan de acción orientado a detener y revertir la deforestación y degradación de los bosques antes del año 2030.
La publicación de estos documentos responde al compromiso asumido en noviembre por André Corrêa do Lago, presidente de la COP30, de fortalecer el multilateralismo mediante la implementación efectiva de decisiones previamente acordadas por los Estados participantes.
La urgencia de la acción climática
En la clausura de la cumbre climática, celebrada en Belém, Corrêa do Lago enfatizó que las negociaciones resultan ineficaces si los acuerdos no se llevan a la práctica. “Es imperativo que los gobiernos comiencen a actuar. Necesitamos un cambio radical en la forma en que los gobiernos abordan el cambio climático”, afirmó. Destacó la necesidad de involucrar a ministros de finanzas, infraestructura y transporte en las negociaciones para lograr resultados tangibles.
Las hojas de ruta han sido elaboradas tras consultar a diversos actores y autoridades de diferentes países. Ambos documentos reconocen que, aunque todas las naciones comparten la responsabilidad en la lucha contra el cambio climático, no cuentan con las mismas condiciones ni recursos para enfrentar este desafío. Por esta razón, las medidas propuestas deben tener en cuenta las diferencias en desarrollo, capacidades económicas y contribuciones históricas a la crisis climática. Este principio también se aplica a nivel interno, ya que las responsabilidades y efectos del calentamiento global varían entre diferentes segmentos de la población. Mientras que los sectores más acomodados tienen más recursos para adaptarse, las comunidades vulnerables enfrentan mayores riesgos.
Propuestas para la transición energética global
A pesar de las consideraciones sobre desigualdades, la hoja de ruta para eliminar gradualmente los combustibles fósiles sostiene que la transición hacia el abandono del carbón, petróleo y gas es inevitable, urgente y viable, independientemente de las circunstancias económicas y energéticas de cada país. El documento subraya que la transformación energética ya está en marcha, evidenciada por el crecimiento de las energías renovables, la electrificación y la mejora en la eficiencia energética. Estos avances no solo generan oportunidades económicas, sino que también refuerzan la seguridad energética y reducen la dependencia de los combustibles fósiles internacionales.
Sin embargo, el documento advierte que este proceso requiere de una estrategia práctica y efectiva. Los países deben reducir progresivamente su producción y consumo de combustibles fósiles, al tiempo que diversifican sus fuentes de energía de bajas emisiones, evitando así escasez de suministro o incrementos descontrolados de precios. Para lograr una transición justa y equitativa hacia emisiones netas cero para 2050, se proponen varios mecanismos, entre los que destaca el Índice de Preparación para la Transición de Belém. Este índice está diseñado para ayudar a los gobiernos a evaluar su exposición a los combustibles fósiles y sus capacidades para avanzar hacia modelos energéticos más sostenibles.
Componentes del Índice de Preparación para la Transición
El Índice de Preparación para la Transición se basa en tres pilares. El primero analiza la demanda energética en sectores como el transporte, la industria y los entornos urbanos, identificando áreas donde es necesario reducir el consumo de fuentes contaminantes y oportunidades para impulsar alternativas de bajas emisiones. El segundo eje examina la adaptación de la producción de petróleo, gas y carbón ante la disminución de su consumo, analizando la viabilidad de reducir la extracción sin generar desequilibrios económicos o problemas de abastecimiento. Finalmente, el tercer componente evalúa las repercusiones de este proceso en la economía global, considerando factores como la dependencia de los ingresos provenientes de los combustibles fósiles y las inversiones requeridas para desarrollar nuevas fuentes energéticas.
Este índice permite a los Estados establecer perfiles de transición que se alineen con sus condiciones económicas, energéticas y sociales. Además, la hoja de ruta propone crear una agenda colectiva de trabajo para coordinar y acelerar acciones en el abandono de combustibles fósiles durante esta década, incluyendo revisiones conjuntas de avances para identificar obstáculos y mantener el impulso político necesario para convertir compromisos en resultados concretos.
Iniciativas para la protección de los bosques
En paralelo, la propuesta para revertir la deforestación y detener la degradación de los bosques establece diversas etapas para alcanzar estos objetivos. Estas etapas incluyen desde el diagnóstico de las condiciones de los ecosistemas y la identificación de las causas de su deterioro, hasta la evaluación continua de los avances y el ajuste de las medidas según los resultados obtenidos. Una de las propuestas más significativas consiste en alinear políticas, instituciones y fuentes de financiamiento, reconociendo que la falta de recursos económicos es un obstáculo importante para la protección efectiva de los bosques.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), es necesario aumentar el financiamiento destinado a estos ecosistemas de 84,500 millones de dólares en 2023 a más de 300,000 millones anuales para 2030. Actualmente, el 88.3% de los recursos proviene de presupuestos públicos nacionales, mientras que el financiamiento público internacional representa solo el 3.4%, lo que impone una carga considerable a los países en desarrollo que albergan gran parte de los bosques tropicales. Para reducir esta brecha, el documento revisa 30 mecanismos internacionales de financiamiento, como REDD+ jurisdiccional y el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), proponiendo incrementar los recursos disponibles y facilitar su acceso, así como generar incentivos económicos para que países y comunidades obtengan beneficios por conservar y gestionar sosteniblemente sus bosques.
Desafíos en la implementación de las hojas de ruta
La presidencia de la COP30 sostiene que estas hojas de ruta abordan dos de los principales motores del cambio climático: la producción y el consumo de energía, responsables del 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y la pérdida de bosques, que representa el 11%. Además, ofrecen enfoques prácticos para convertir acuerdos internacionales en políticas nacionales, inversiones y resultados medibles. Sin embargo, es importante señalar que la adopción de estas propuestas es voluntaria y carece de requisitos vinculantes, lo que deja a cada nación la responsabilidad de evaluar su dependencia de los combustibles fósiles y seleccionar las medidas que considere pertinentes para reducirla.
Expertos han expresado su opinión sobre las hojas de ruta, señalando que, aunque son valiosas, no proporcionan un marco claro sobre el ritmo de cambio necesario, al carecer de un cronograma y de indicadores clave. Esta omisión crea incertidumbre sobre los pasos necesarios para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, que busca limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2°C, y preferiblemente a 1.5°C, para evitar daños climáticos peligrosos.
A pesar de estas críticas, los representantes climáticos de Brasil mantienen que los documentos presentados pueden acelerar la implementación de decisiones adoptadas por consenso. La COP30 enfatiza que la tarea urgente es convertir esos compromisos en acción, protegiendo el clima, fortaleciendo la seguridad energética, preservando los bosques y creando oportunidades de desarrollo que beneficien a la población mundial.
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