noviembre 7, 2026

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Canarias exige una regulación universitaria que respete sus competencias y considere la insularidad

Canarias exige una regulación universitaria que respete sus competencias y considere la insularidad

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, bajo la dirección de Migdalia Machín, ha realizado valiosas contribuciones a la consulta pública previa sobre la reforma de la normativa estatal relacionada con la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. En este contexto, la Consejería enfatiza la importancia de mantener las competencias autonómicas y adaptar los requisitos para nuevos proyectos a las particularidades del archipiélago canario.

Preservación de las Competencias Autonómicas

Machín ha manifestado que se comparte la necesidad de fortalecer las garantías de calidad en el sistema universitario. Sin embargo, subraya que es vital que el Estado respete las competencias de Canarias y establezca condiciones que se alineen con la realidad territorial del archipiélago. «La insularidad y la lejanía deben ser reflejadas en la futura normativa», afirmó la consejera.

Desde la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad Universitaria, se cuestiona la utilización de la enseñanza virtual o híbrida como criterio para transferir al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades las competencias sobre las universidades situadas en las islas. Se defiende que las comunidades autónomas deben poder ejercer sus funciones sobre estas instituciones, cumpliendo con los requisitos estatales de calidad, tal como sucede con las universidades presenciales.

Consideraciones sobre el Número Mínimo de Estudiantes

Canarias recuerda que su Estatuto de Autonomía le otorga competencias en el ámbito de la educación universitaria. En sus aportaciones, la Consejería también recoge las observaciones del Consejo de Estado durante la tramitación de la norma anterior, que advirtió que la formación virtual o híbrida no es suficiente para desvincular una universidad del territorio donde fue creada o reconocida. Otra de las solicitudes clave es evitar la imposición de un número mínimo de estudiantes uniforme para todos los proyectos, sin considerar la población de las áreas donde se establezcan. El Gobierno de Canarias advierte que esta exigencia podría obstaculizar la creación de universidades en regiones menos pobladas, limitando así el acceso a la educación superior.

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Evaluación Rigurosa de Proyectos Universitarios

Machín enfatiza que «la viabilidad de un proyecto universitario debe ser evaluada con rigor». Sostiene que aplicar un mismo umbral de estudiantes a territorios con condiciones demográficas diversas puede cerrar oportunidades educativas. Por tanto, se requiere que cualquier requisito relacionado con el número de estudiantes considere las características del archipiélago y su condición de región ultraperiférica, tal como lo reconoce la Unión Europea.

Las propuestas también abogan por que las exigencias sobre la oferta inicial de titulaciones sean proporcionales. Aunque Canarias apoya la verificación de la solvencia de nuevos proyectos, se solicita que las condiciones establecidas para asegurar la calidad no impongan restricciones injustificadas a la libertad de creación de centros educativos.

Tramitación Ordinaria de la Reforma

Además, el Gobierno de Canarias ha solicitado que la reforma sea tramitada por el procedimiento ordinario, argumentando que no existen circunstancias excepcionales que justifiquen un proceso de urgencia. Esta petición busca garantizar la participación pública y las garantías en los trámites de informe y consulta durante la elaboración de la normativa.

El Ministerio ha iniciado esta consulta pública previa como parte de la preparación de una nueva reforma, luego de que el Tribunal Supremo anulara el Real Decreto 905/2025 debido a irregularidades en su tramitación. Esta fase se considera crucial antes de la redacción del texto normativo. Canarias ya había expresado objeciones durante la tramitación de la norma anterior y, tras su aprobación, presentó un requerimiento previo a la vía judicial. Con estas aportaciones, el archipiélago busca asegurar que sus propuestas sean incluidas desde el principio en la futura regulación.

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