El Súper RIGI es una estrategia económica impulsada por el gobierno de Javier Milei, cuyo propósito es captar inversiones que superen los 1000 millones de dólares. Este mecanismo está orientado a atraer capital a nuevas industrias vinculadas a la frontera tecnológica. Sin embargo, expertos advierten que el proyecto ofrece beneficios extraordinarios por un período de 30 años, sin especificar claramente las actividades que incluirá. Además, carece de una evaluación oficial sobre su impacto fiscal y no establece condiciones ambientales, productivas o tecnológicas que sean verificables.
Entre los proyectos que el Gobierno desea promover se encuentran los centros de datos, infraestructuras clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, y las granjas de criptomonedas. Estas instalaciones han demostrado en países como Estados Unidos su potencial para generar efectos adversos en el medio ambiente, incluyendo contaminación acústica, emisión de calor, fragmentación del hábitat que afecta la biodiversidad, un uso excesivo del agua —lo que agrava la escasez para las comunidades cercanas— y un incremento en los costos de energía eléctrica para los residentes locales.
Antecedentes de Iniciativas Similares
La decisión de Milei se basa en una iniciativa previa. En agosto de 2024, se implementó por decreto un régimen similar conocido como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se centró en fomentar la minería y la exploración de gas y petróleo. Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), esta medida genera una considerable “desprotección ambiental”, ya que no exige estudios de impacto ecológico y limita la capacidad de las provincias para regular el uso de los recursos naturales.
Ariel Slipak, economista y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), así como coordinador del área de investigación de FARN, comentó que el RIGI va más allá de ser un simple incentivo o esquema de exenciones fiscales, aduaneras o cambiarias. Proporciona un marco jurídico que protege las grandes inversiones extractivas. “Uno de los primeros artículos de este régimen establece que las normativas municipales, provinciales e incluso nacionales no deben contradecir los beneficios obtenidos por los beneficiarios del RIGI. En otras palabras, las exenciones del RIGI prevalecen sobre la legislación ambiental, laboral y otras regulaciones”, enfatizó Slipak.
Desde su implementación, el RIGI ha dado lugar a 40 proyectos que involucran una inversión total de más de 138,000 millones de dólares, según datos del Observatorio del RIGI, una colaboración entre FARN, la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPyG-UNSAM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Transnational Institute (TNI), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) y el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS).
Distribución de Inversiones y Proyectos Aprobados
De los 40 proyectos, 21 están relacionados con la minería (litio, cobre, oro y arena de fractura), 13 pertenecen al sector de hidrocarburos (petróleo, gas y fertilizantes), tres están vinculados a la energía, dos a infraestructura y uno a la siderurgia. De estos, 21 ya han sido aprobados, de los cuales 12 están relacionados con la minería, cinco con petróleo y gas, y los cuatro restantes con energía, infraestructura y siderurgia. Los 18 proyectos restantes están en proceso de evaluación y uno ha sido rechazado.
Los 21 proyectos aprobados representan una inversión de 46,626 millones de dólares. El petróleo es el principal foco de inversión bajo el RIGI, con siete proyectos que constituyen el 43,3% del capital comprometido, impulsados principalmente por los desarrollos en Vaca Muerta, el mayor yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país. Le siguen el cobre, con seis proyectos que representan el 24,6% de la inversión, y el gas natural, que abarca cinco iniciativas y representa el 17,2% del capital comprometido.
Por su parte, el litio, aunque tiene 11 proyectos, representa el 10,5% del total de la inversión. En conjunto, estos cuatro subsectores abarcan el 95,6% de las inversiones comprometidas, mientras que los restantes siete subsectores apenas representan el 4,4% del capital anunciado. El RIGI no solo asegura estabilidad a las inversiones, sino que también puede trasladar conflictos desde los territorios hasta tribunales arbitrales internacionales, limitando la intervención de las comunidades y de la justicia argentina.
Preocupaciones sobre el Súper RIGI
El Súper RIGI, oficialmente conocido como Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, busca ofrecer exenciones impositivas aún más amplias que el RIGI, beneficiando principalmente a industrias extractivas. Slipak advierte que el Súper RIGI parece estar diseñado especialmente para proyectos de centros de datos y minería de criptomonedas, los cuales requieren un alto consumo energético y generan más calor en entornos urbanos.
Este tipo de industrias también incluye sectores como las energías renovables y actividades emergentes como la biotecnología y la inteligencia artificial. El proyecto de Súper RIGI ya ha pasado la media sanción en Diputados y se encuentra a la espera de su discusión en el Senado, lo que ha generado un debate sobre hasta qué punto deben llegar los incentivos para atraer inversiones en sectores estratégicos y qué condiciones deberían imponerse a cambio.
Uno de los puntos críticos del proyecto es su falta de condiciones ambientales específicas relacionadas con el consumo energético, uso del agua, emisiones de carbono y evaluación de impactos acumulativos. Esta omisión plantea preocupaciones sobre la potencial llegada de proyectos de infraestructura digital y centros de datos de gran escala. Slipak destacó que estos centros pueden demandar enormes cantidades de energía, agua y suelo, y sin regulaciones claras, su establecimiento podría tensar las redes eléctricas, intensificar conflictos por el agua y consolidar infraestructura crítica en manos privadas sin suficiente control público.
Afectaciones a Comunidades Indígenas
Silvina Ramírez, doctora en derecho de la UBA y miembro de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI), afirmó que el Súper RIGI representa un modelo económico que impactará negativamente a las comunidades indígenas. “Estas comunidades son uno de los grupos más afectados, no solo por la falta de reconocimiento de sus derechos, sino porque se ha desmantelado un marco que, aunque precario, permitía avanzar hacia la titulación colectiva de tierras”, indicó Ramírez, quien advirtió que estas tierras podrían ser entregadas a empresas que realicen grandes inversiones.
Además, la experta expresó su preocupación por que, ante cualquier nueva ley local de protección ecológica que afecte los intereses de las inversiones extractivas, las empresas podrían llevar al Estado a tribunales internacionales de arbitraje. “Las comunidades indígenas ya enfrentan hostigamiento judicial, pero esta situación podría volverse aún más complicada”, añadió Ramírez.
El proyecto estipula que cualquier conflicto se resolverá en la justicia internacional, permitiendo a los beneficiarios elegir dónde presentar sus disputas, siguiendo los reglamentos de la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), todos con sede fuera de Argentina.
Esteban Paulón, diputado del Partido Socialista de Argentina, subrayó que uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la instalación de los centros de datos, que requieren un alto consumo energético y de agua. “El Súper RIGI no contempla ninguna protección para los pueblos originarios ni para el medio ambiente. He presentado un proyecto que incluye protecciones ambientales, de sostenibilidad y derechos humanos, ya que no están contemplados en el texto original. Este proyecto deja vulnerables a muchas comunidades y a la naturaleza”, concluyó Paulón.
La propuesta de Paulón establece que la normativa del Súper RIGI debe ser implementada bajo siete protecciones que incluyen el derecho a un ambiente sano, el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales, las leyes nacionales de protección ambiental, los tratados internacionales de derechos humanos, el Acuerdo de Escazú, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y principios de prevención y equidad intergeneracional en materia ambiental.
Por el momento, el Súper RIGI sigue su curso en el Senado, donde el partido oficialista está negociando ciertos puntos con la oposición para lograr su aprobación.
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