La Nueva Ley de Pagos Digitales en México: ¿Constitucionalidad en Debate?

La reciente implementación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos en México ha suscitado un intenso debate en torno a su constitucionalidad y su potencial impacto en la inclusión financiera. Esta iniciativa, presentada en septiembre por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca promover el uso de herramientas digitales, como tarjetas de débito y crédito, transferencias bancarias, domiciliaciones, códigos QR y tecnología NFC, tanto en operaciones comerciales como en trámites gubernamentales.

Los defensores de la ley argumentan que su propósito es reducir la brecha existente entre la infraestructura disponible y su uso efectivo, permitiendo que más personas accedan a pagos digitales. Uno de los aspectos destacados de la normativa es la aceptación de la CURP digital como un mecanismo válido para verificar la identidad de quienes deseen contratar servicios financieros en plataformas electrónicas, aunque también se permitirá el uso de otros documentos oficiales.

Facilidades para el Acceso a Servicios Financieros

La ley introduce el Expediente Digital Ciudadano, un recurso que facilitará a las instituciones financieras acceder a documentos e información digital de los usuarios, siempre que cuenten con la debida autorización. Este expediente digital tendrá la misma validez legal que sus contrapartes físicas, y los ciudadanos podrán solicitar su consulta y portabilidad.

Además, la normativa otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la facultad de identificar sectores estratégicos donde los pagos digitales serán la única forma de realizar transacciones. Sin embargo, aún no se han definido las condiciones específicas y las reglas de operación para estos sectores, y la SHCP tiene un plazo de 15 días para establecerlos.

La ley también contempla una excepción en casos de contingencia, permitiendo temporalmente el uso de efectivo o cheques cuando no sea posible aceptar pagos digitales. No obstante, se establece que estas situaciones no deben convertirse en una práctica habitual.

Responsabilidades y Regulaciones

El marco legal establece que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben adoptar medios de pago electrónicos para sus trámites y servicios, mientras que los proveedores de bienes y servicios están llamados a integrarlos en sus operaciones. Tanto las instituciones públicas como los comercios deberán contar con la infraestructura necesaria, informar a los usuarios sobre las opciones disponibles y establecer mecanismos para hacer frente a contingencias que impidan el uso de pagos digitales.

El Banco de México asume un papel clave al regular los niveles de operación de las cuentas de depósito y al desarrollar herramientas que faciliten las transferencias electrónicas. También colaborará con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para promover que las terminales de pago acepten códigos QR, de acuerdo con las especificaciones técnicas que se definan. La CNBV será responsable de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones.

Cuestionamientos sobre la Constitucionalidad

Desde su aprobación en octubre, la ley ha generado preocupaciones sobre su implementación y sus efectos en micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y consumidores. Banamex ha señalado que, aunque la normativa busca adaptarse a las nuevas dinámicas del sector bancario, podría agudizar la exclusión financiera en un país donde el uso del efectivo sigue predominando. Factores como la baja bancarización, la falta de conectividad y la desconfianza hacia los medios electrónicos son barreras que podrían dificultar la adopción de la nueva ley.

Expertos en derecho constitucional han planteado inquietudes sobre la constitucionalidad de la ley, especialmente en lo que respecta a las facultades otorgadas a la SHCP. Juvenal Lobato Díaz, profesor de la UNAM, argumenta que la normativa permite a una autoridad administrativa decidir qué sectores deben aceptar exclusivamente pagos digitales, lo que podría llevar a un ejercicio discrecional del poder.

Impacto en la Privacidad y Autonomía Financiera

Durante un seminario celebrado en noviembre, especialistas señalaron que, si bien los pagos electrónicos pueden facilitar el registro de transacciones y mejorar el acceso al crédito, su adopción está condicionada por diversos factores. Lorena Rodríguez León, directora de la Facultad de Economía de la UNAM, advirtió que la ley podría comprometer la privacidad y autonomía financiera de los usuarios, quienes a menudo prefieren operar sin que sus movimientos sean monitoreados por instituciones financieras.

De acuerdo con estimaciones del Banco de México, para 2025, el 98% de la población mexicana seguirá utilizando billetes y monedas para sus transacciones diarias. En este contexto, será fundamental esperar las directrices que la SHCP emita para determinar en qué comercios y actividades se eliminará el uso del efectivo, lo que permitirá evaluar la viabilidad y los efectos de la ley en el país.