Meta tiene un plazo de 24 horas para demostrar su compromiso con la equidad en la difusión de contenidos relacionados con las campañas electorales de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, los dos candidatos que competirán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Esta exigencia, impuesta por el Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE), surge tras las denuncias de los equipos de ambos candidatos sobre posibles sesgos en los servicios digitales de la empresa, que podrían estar afectando la visibilidad y el alcance de los contenidos de cada uno.
La orden fue emitida el lunes por el juez Marco Aurélio Bellizze, quien advirtió que Meta, propietaria de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp, podría enfrentar sanciones de hasta un millón de reales diarios si no logra cumplir con los requisitos de equidad establecidos por las autoridades electorales. Esta sanción se aplicaría hasta la conclusión de la segunda vuelta, programada para el próximo domingo 25 de octubre.
Denuncias y Contradenuncias en la Contienda Electoral
En las últimas semanas, los grupos de apoyo a Lula da Silva llevaron una denuncia al TSE, acusando a Meta de restringir de manera selectiva la difusión y promoción pagada de publicaciones relacionadas con el actual presidente brasileño y sus aliados políticos. Al mismo tiempo, el equipo de Bolsonaro denunció un canal de WhatsApp llamado “Exército de Lula”, que cuenta con más de cuatro millones de seguidores y se dedica a difundir mensajes de apoyo al mandatario. En este caso, el TSE desestimó las acusaciones y permitió que el canal continuara operando. Sin embargo, los partidarios de Bolsonaro argumentaron que los algoritmos de Meta perjudicaban su candidato y pidieron a las autoridades electorales que garantizaran condiciones de igualdad en los espacios digitales durante la campaña.
Como respuesta a estas inquietudes, el TSE emitió la semana pasada una resolución que impone a Meta nuevas obligaciones para asegurar un trato equitativo durante el proceso electoral. Esta disposición prohíbe a la empresa reducir artificialmente la difusión de publicaciones políticas de Lula o de Flávio Bolsonaro, excluirlas de las recomendaciones, limitar su visibilidad en los resultados de búsqueda o alterar sus métricas en detrimento de alguno de los candidatos.
Obligaciones y Sanciones para Meta
La resolución también exige que el asistente virtual Meta AI procese y responda de manera equitativa a las solicitudes de información sobre ambos candidatos, sin aplicar restricciones diferenciadas por motivos políticos. Además, se le ordena a la compañía suspender la publicidad electoral pagada por personas o entidades no autorizadas, especialmente aquellas que operen desde cuentas en el extranjero. Asimismo, debe investigar 255 perfiles que se consideran parte de una posible red no auténtica y verificar el etiquetado de inteligencia artificial en 1,204 publicaciones. El incumplimiento de estas directrices podría resultar en una multa diaria de 500,000 reales brasileños.
La Respuesta de Meta y el Contexto Judicial
En una reciente evaluación, el juez Bellizze indicó que no existen pruebas suficientes que demuestren que los sistemas de Meta benefician o perjudican deliberadamente a alguno de los candidatos. Sin embargo, también subrayó que no hay evidencia concluyente de que la empresa tecnológica haya cumplido adecuadamente con las exigencias impuestas por las autoridades. Hasta el momento, Meta no ha ofrecido una declaración oficial sobre la nueva resolución, aunque la semana pasada negó que sus servicios o algoritmos presentaran sesgos que pudieran influir en las elecciones brasileñas, atribuyendo los incidentes documentados a fallas técnicas que afectaron a diversos mercados, incluido Brasil.
En medio de este clima de tensión, el TSE convocó a representantes de las campañas de Lula y Flávio Bolsonaro para advertirles sobre el riesgo de convertir la contienda en una serie de litigios destinados a eliminar contenidos, una práctica que podría limitar la libertad de debate. Según informes, el tribunal había registrado 162 recursos judiciales después de la primera vuelta, más del triple en comparación con el mismo periodo de las elecciones de 2022. Esta cifra refleja el creciente papel de los espacios digitales en la formación de opiniones y su influencia en los votantes en una contienda electoral tan reñida.
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