El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, presentó recientemente en el Parlamento de Canarias las directrices del futuro Plan Canario de Vivienda 2026-2030. Este plan se enfoca en aumentar la oferta de vivienda, rehabilitar y regenerar el parque residencial existente, así como facilitar el acceso a la vivienda para grupos prioritarios.
El anteproyecto, que ha recibido cerca de 70 aportaciones durante su periodo de información pública, está en proceso de elaboración. Rodríguez destacó que se incluirá una programación económica que abarcará toda la duración del plan, delineando así los objetivos fundamentales que guiarán las acciones a implementar.
Incremento de la oferta residencial
Uno de los ejes centrales del nuevo Plan es el aumento de la oferta de vivienda. Esto incluye la promoción de viviendas de carácter público, protegido y asequible, así como la movilización de propiedades vacías o inacabadas. Además, se contempla el desarrollo de suelo público destinado a la construcción de vivienda.
El segundo eje se enfoca en la rehabilitación y regeneración de las áreas residenciales, abarcando la recuperación de entornos urbanos y rurales. Este componente del plan también se dirige a atender las necesidades habitacionales de los municipios de medianías, cumbres y zonas rurales, buscando contribuir a la fijación de población en estas áreas.
Facilitando el acceso a la vivienda
El tercer eje del plan busca facilitar el acceso a la vivienda para colectivos prioritarios, a través de ayudas al alquiler, medidas de apoyo para la emancipación juvenil y la compra de vivienda. También se contempla la atención a colectivos vulnerables y se propondrán instrumentos específicos, como la Hipoteca Joven, para facilitar el acceso a la primera vivienda.
Asimismo, el nuevo Plan se compromete a adaptar sus acciones a la realidad particular de cada isla y municipio, considerando el reto demográfico que enfrenta el medio rural. También se enfatiza la necesidad de reforzar la colaboración entre el sector público y privado, mejorando la coordinación entre el Gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos y el Estado.
Planificación financiera para el futuro
Rodríguez también anunció que el anteproyecto incluirá una ficha financiera que abarcará los cinco años de vigencia del Plan. La distribución de los recursos se prevé que sea equitativa, con aproximadamente un tercio asignado a cada uno de los tres ejes estratégicos. La financiación provendrá de fondos propios del Gobierno de Canarias, así como de recursos del Plan Estatal de Vivienda y posibles fondos europeos.
El consejero subrayó la importancia de coordinar la planificación canaria con la estatal para asegurar una coherencia entre ambos marcos y optimizar el uso de diversas fuentes de financiación pública. La elaboración del Plan Estatal de Vivienda ha influido en el calendario del documento, haciendo necesario un alineamiento en las actuaciones y recursos de ambas administraciones.
Proceso de participación y próximas etapas
El Plan Canario de Vivienda 2026-2030 ha recibido un total de 68 aportaciones durante el proceso de participación pública, de las cuales 44 provienen de ciudadanos y 24 de entidades públicas, organizaciones sociales y profesionales vinculados al ámbito de la vivienda. Entre las entidades que han participado se encuentran la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), la Federación Canaria de Municipios (FECAM), así como diversos ayuntamientos y cabildos.
Una vez concluido el periodo de información pública, el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) se encuentra trabajando para dar respuesta a las aportaciones recibidas y avanzar en la elaboración del anteproyecto. El Gobierno de Canarias ha aprobado las directrices para la creación del Plan y ha acordado su tramitación de urgencia, comenzando con una consulta pública previa.
El proceso de tramitación continuará con la preparación de los informes pertinentes y la intervención de los órganos consultivos. Finalmente, el documento será sometido a los trámites necesarios para su consideración por parte del Gobierno de Canarias, así como la solicitud del dictamen del Consejo Económico y Social y su remisión al Parlamento de Canarias para su pronunciamiento, antes de la aprobación definitiva por parte del Gobierno.
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