En Venezuela, un grupo de rescatistas trabaja incansablemente para localizar a sobrevivientes entre los escombros dejados por los devastadores terremotos del 24 de junio, que han causado la trágica pérdida de al menos 2,295 vidas, más de 11,000 heridos y alrededor de 50,000 desaparecidos. En medio de esta tragedia, el país enfrenta una crisis multidimensional que abarca aspectos políticos, sociales, económicos y ambientales. Este contexto crítico se agrava para los pueblos indígenas y el entorno natural, problemáticas que han existido mucho antes del doble impacto sísmico.
La voz de los pueblos indígenas
Liz Hernandez, una destacada líder indígena pemón del municipio Gran Sabana, compartió su experiencia en la presentación de la edición 37 del informe anual sobre Derechos Humanos en Venezuela. En su discurso, enfatizó cómo la minería ilegal ha exacerbado la crisis de inseguridad y ha violado los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. “La llegada de personas de otros países ha arrasado nuestras comunidades y ha llevado al incremento de enfermedades como la malaria y afecciones de transmisión sexual, forzando a muchos a participar en estas actividades mineras”, expresó Hernandez.
El informe también aborda otros temas fundamentales como el derecho a la alimentación, al agua, a la salud y a un ambiente sano, así como la educación y la justicia. Un capítulo específico se centra en eventos del 3 de enero, considerado como un punto de inflexión en la historia reciente del país. “La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses ha llevado a una situación sin precedentes para Venezuela, donde el país se encuentra bajo un control externo, con cientos de presos políticos y una economía que ha visto una reducción superior al 75%”, señala el documento.
Impacto de los terremotos en comunidades vulnerables
Aimé Tillett, integrante de Wayamoutheri, un programa de promoción de derechos indígenas, comentó sobre los efectos de los recientes terremotos en las comunidades indígenas. Aunque las comunidades en territorios tradicionales no fueron directamente afectadas, aquellas en áreas urbanas, como Caracas, sí podrían haber sufrido. Tillett advirtió que la atención a las poblaciones indígenas, ya precaria, podría disminuir aún más, ya que los recursos del Estado se destinarán a ayudar a las víctimas del terremoto. “Esto podría resultar en una mayor desatención hacia los grupos vulnerables en el país”, agregó.
A pesar de estas preocupaciones, Tillett también mencionó que la llegada de ayuda internacional podría beneficiar a las comunidades vulnerables en general, no solo a los afectados por el terremoto. “Estos son aspectos que se evaluarán en los próximos meses”, concluyó.
La crisis de salud en las comunidades indígenas
La situación de abandono institucional es alarmante, especialmente en el ámbito de la salud, donde los pueblos indígenas enfrentan graves problemas. En la Amazonía venezolana, la proliferación de la minería ilegal ha incrementado la inseguridad y ha generado brotes de enfermedades que no han sido atendidos adecuadamente por las autoridades. El informe de Provea califica la situación de salud en estas comunidades como una emergencia humanitaria compleja, con un aumento significativo en la morbilidad y mortalidad debido a enfermedades como la malaria y la tuberculosis.
Particularmente, el pueblo yanomami ha sido severamente afectado, con altos índices de estas enfermedades y una mortalidad alarmante. Además, otros grupos indígenas, como los warao y wayúu, continúan enfrentando enfermedades prevenibles debido a la contaminación de sus fuentes de agua. Según el boletín epidemiológico más reciente, el estado de Bolívar ha reportado más de 22,500 casos de malaria, mientras que Amazonas ha registrado alrededor de 9,245, una cifra que refleja la gravedad de la crisis sanitaria.
Minería y sus consecuencias devastadoras
El informe también expone cómo el modelo extractivista, particularmente en el Arco Minero del Orinoco, ha generado un entorno de gobernanza criminal. Desde 2016, la actividad minera ha crecido más allá de las áreas designadas por el Estado, poniendo en riesgo las reservas hidrográficas y provocando deforestación. Los operativos militares en campamentos mineros han sido cuestionados, ya que, en lugar de proteger la soberanía, parecen estar reestructurando el poder entre las fuerzas armadas y grupos armados irregulares.
Las comunidades indígenas no solo enfrentan la violencia de estos grupos, sino que también sufren el impacto del contrabando de recursos y la contaminación ambiental. La presencia de maquinaria pesada para la minería ha contaminado ríos, lo que ha llevado a un aumento de enfermedades en la población. “La invasión de grupos armados ha convertido nuestras tierras en un campo de batalla”, expresó un líder ye’kwana, reflejando la desesperación de las comunidades afectadas.
Desafíos ambientales críticos
El informe también aborda la crisis ambiental que enfrenta el país, destacando cinco temas prioritarios: el acceso al agua, los derrames petroleros, el impacto de la minería, la degradación de áreas protegidas y la vulnerabilidad al cambio climático. Emiliano Teran-Mantovani, investigador de la Universidad Central de Venezuela, subrayó que la minería ilegal en la Amazonía se ha vuelto uno de los problemas más devastadores, con consecuencias que se entrelazan con aspectos sociales, económicos y culturales.
La crisis hídrica en Venezuela ha alcanzado niveles alarmantes, con un 62% de la población sufriendo restricciones severas en el acceso a agua potable. A esto se suma la contaminación de fuentes de agua, que afecta desproporcionadamente a las comunidades indígenas. “La institucionalidad relacionada con el agua es deficiente, lo que agrava la situación de las comunidades vulnerables”, advirtió Teran-Mantovani.
Los estragos de la industria petrolera
Los derrames de petróleo son otro problema crítico que afecta el medio ambiente en Venezuela. En 2024 se informaron 65 derrames, aunque esta cifra es considerada subestimada. Los impactos de estos derrames son especialmente severos en regiones dependientes de la pesca, como en el estado de Falcón, donde los pescadores enfrentan la disminución de las poblaciones de peces debido a la contaminación.
La actividad minera, que se ha expandido a casi todas las regiones del país, está generando impactos socioambientales intensos. Desde la contaminación de ríos y suelos hasta el desplazamiento de comunidades indígenas, los efectos de la minería son devastadores y requieren atención urgente. “El avance hacia nuevas fronteras mineras es un problema crítico que se refleja en análisis satelitales”, concluyó Teran-Mantovani.
El cambio climático y su impacto en el país
Finalmente, el informe destaca la creciente vulnerabilidad de Venezuela frente al cambio climático, ubicando al país entre los más afectados de América Latina. Las proyecciones indican alteraciones significativas en los patrones de clima, con sequías e inundaciones que impactarán la agricultura y la seguridad alimentaria. La falta de políticas efectivas para enfrentar estos desafíos es alarmante.
El informe de Provea incluye recomendaciones para abordar estas crisis, como la derogación del decreto que establece el Arco Minero del Orinoco y la recuperación de las cuencas hidrográficas. Estas acciones son esenciales para garantizar un futuro sostenible para las comunidades y el medio ambiente en Venezuela, un país que necesita priorizar su agua y sus recursos naturales por encima de sus intereses económicos.
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