La violencia digital en México: Cómo las redes sociales afectan a los defensores ambientales

En la mañana del 11 de marzo de 2026, Erik Saracho regresaba a su hogar tras dejar a su hija en la escuela. Mientras atravesaba la puerta de seguridad de su casa, un hombre se le acercó. Saracho levantó la mano en un saludo, pero el desconocido desenfundó un arma y le disparó, hiriéndolo en el brazo. Su esposa actuó rápidamente para detener la hemorragia. Aunque logró sobrevivir al ataque, las agresiones no cesaron, extendiéndose a las redes sociales donde ciertos perfiles afirmaban que él había orquestado el atentado para hacerse pasar por víctima y ganar estatus de héroe en su comunidad.

Meses antes del ataque, Saracho había sido objeto de hostigamiento debido a su defensa del territorio en San Francisco, Nayarit. Es miembro de organizaciones como Alianza Jaguar, que han cuestionado proyectos inmobiliarios y turísticos en Bahía de Banderas. En diciembre de 2025, un portal local lo acusó, sin presentar evidencia, de obstaculizar el progreso en protección de intereses económicos relacionados con alquileres de Airbnb. Esta acusación fue acompañada por un video en Facebook, lo que generó una ola de comentarios hostiles en un grupo de 41,000 miembros.

A pesar de que los administradores del grupo eliminaron las publicaciones agresivas y bloquearon a 163 perfiles, muchos de ellos ocultos tras seudónimos, esto impidió que quedara un registro completo de los comentarios. Saracho ya había denunciado formalmente el acoso digital desde enero, solicitando a las autoridades que resguardaran la información antes de que desapareciera.

Las raíces de la violencia digital

Aún no se ha determinado si los comentarios en Facebook y el ataque físico fueron instigados por las mismas personas, pero la experiencia de Saracho ilustra cómo las publicaciones en línea pueden crear un ambiente hostil para los defensores del medio ambiente, quienes ya enfrentan amenazas y conflictos en su entorno. Inicialmente, Saracho subestimó el impacto de esos posts, pero su percepción cambió a medida que las acusaciones comenzaron a influir en cómo lo veía su comunidad. “Cuando generan desprestigio a tu alrededor, la gente a tu alrededor lo cree”, reflexionó en una ocasión.

En 2025, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó 135 incidentes de agresión contra individuos, comunidades y organizaciones defensoras en México, contabilizando 314 agresiones específicas, dado que un mismo caso puede incluir elementos como estigmatización, amenazas y ataques físicos. La estigmatización se convirtió en la forma de agresión más común, mostrando un incremento notable: de 20 casos en 2024 a 90 en 2025.

A pesar de no haber identificado un patrón claro que vincule las agresiones en línea con ataques físicos, CEMDA ha observado un aumento sostenido de la violencia digital, donde se manifiestan amenazas y descalificaciones iniciales hacia quienes defienden el territorio. Este contenido en línea contribuye a construir narrativas negativas que pueden escalar a procesos de hostigamiento más amplios, que en ocasiones culminan en criminalización o ataques físicos.

La escalada de la violencia digital

“Muchos procesos de defensa donde hay agresiones comienzan con intimidación, difamación y estigmatización, y estos van escalando en gravedad”, indica Felipe Romero, gerente de Derechos Humanos de CEMDA. La estigmatización reduce una labor compleja a etiquetas que buscan deslegitimarla, utilizando términos como “pseudoambientalistas” o acusaciones de trabajar en contra del desarrollo. A menudo, estas acusaciones son impulsadas por discursos políticos que han permeado desde las altas esferas del gobierno.

Romero apunta que las plataformas digitales, especialmente Facebook, juegan un papel fundamental en estos conflictos locales, ya que albergan grupos comunitarios donde un solo post puede provocar una avalancha de comentarios intimidatorios. CEMDA también ha identificado agresiones en otras plataformas como X (anteriormente Twitter) y WhatsApp, así como en sitios que imitan medios informativos.

Este problema no es exclusivo de México. Una encuesta de Global Witness publicada en 2025 reveló que el 92% de los defensores participantes habían sufrido algún tipo de acoso en línea, siendo Facebook la plataforma más mencionada. Aunque estas redes son herramientas valiosas para organizarse y compartir información, en los últimos años se han convertido en espacios donde se producen acosos cibernéticos, revelación de información personal y ciberataques.

Campañas de desprestigio y judicialización

En Yucatán, Sergio Oceransky fue blanco de más de 149 publicaciones en su contra entre septiembre de 2023 y mayo de 2026. El director de la Fundación Yansa, que apoya a comunidades mayas en la defensa de sus tierras, fue presentado en redes sociales como un manipulador y agente extranjero. Esta campaña de desprestigio coincidió con procesos judiciales en su contra, lo que intensificó la narrativa negativa en su contra.

El desgaste que Oceransky ha sufrido para responder a tales acusaciones ha desviado su atención de los procesos comunitarios. Su caso destaca el notable aumento en las agresiones contra organizaciones civiles, que pasaron de 21 en 2024 a 57 en 2025, un aumento del 171%. Durante ese tiempo, CEMDA detectó una plataforma llamada «Contra Activistas Fifí» que desprestigiaba a organizaciones ambientales y defendía políticas que favorecen el desarrollo económico a costa del medio ambiente.

Rastrear el origen de las agresiones en línea es un desafío. Una publicación puede propagarse rápidamente, y atribuir una agresión a un individuo específico a menudo requiere experiencia en seguridad digital. La documentación de estos ataques se complica por el volumen y la rapidez de los comentarios, así como por la falta de acceso a ciertos grupos locales.

La brecha en la moderación y la respuesta institucional

Aproximadamente tres cuartas partes de los encuestados por Global Witness afirmaron haber denunciado abusos en redes sociales, pero solo el 12% quedó satisfecho con las respuestas que recibieron. Muchos consideran que factores como la polarización algorítmica y la falta de moderación han exacerbado el hostigamiento. Además, las organizaciones enfrentan brechas en capacidades, aunque se ha avanzado en la seguridad física de defensores y grupos comunitarios.

Las defensoras también enfrentan un tipo de hostigamiento que va más allá de lo digital. En abril de 2025, fotografías de Miryam Vargas Teutle, periodista comunitaria y defensora nahua, comenzaron a circular en redes acompañadas de mensajes que desacreditaban su labor. Estas situaciones se entrelazan con amenazas y vigilancia, generando un clima de miedo y presión.

Medidas proactivas para mitigar el riesgo

Romero enfatiza que documentar cada publicación y amenaza permite comprender mejor los niveles de riesgo y vulnerabilidad de los defensores. Sin embargo, la simple recopilación de información no es suficiente. CEMDA insta a las autoridades a actuar ante las primeras señales de acoso, investigar las amenazas y evitar discursos que desacrediten a quienes defienden el territorio. La organización recomienda que las agresiones digitales sean parte integral de las evaluaciones de riesgo y de las medidas de protección.

El caso de Erik Saracho, cuyos comentarios en línea se desvanecieron al bloquear los perfiles, contrasta con la herida permanente que dejó el ataque armado. Su experiencia subraya la importancia de integrar las amenazas en línea a las estrategias de protección desde el principio, ya que esperar a que la violencia trascienda la pantalla puede resultar en un riesgo irreversible.