La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha instado al Gobierno central a aumentar la financiación destinada a la atención de menores migrantes no acompañados. Según Delgado, los recursos actuales son insuficientes para afrontar la situación de emergencia que vive el Archipiélago.
Durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, la consejera argumentó que es fundamental que el Estado reconsidere la asignación presupuestaria y recupere los 100 millones de euros de apoyo extraordinario que se destinaron el año anterior para implementar el real decreto-ley que modifica la Ley de Extranjería. Delgado destacó que, a pesar de que la prórroga de los presupuestos limita la posibilidad de incorporar nuevas partidas, existen precedentes que demuestran que el Estado puede proporcionar financiación adicional, tal como sucedió con el aumento de fondos destinados al sistema de dependencia.
En este contexto, Candelaria Delgado subrayó que Canarias se encuentra en una situación de contingencia migratoria, ya que está atendiendo a un número de menores significativamente mayor al que le corresponde según el sistema de distribución. “Estamos recibiendo a más del triple de los 783 menores que nos corresponderían según los criterios de reparto, lo que hace necesario que la financiación estatal se ajuste a la realidad asistencial que enfrenta Canarias”, expresó.
Preocupaciones sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo
La consejera también expresó su inquietud respecto a la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya discusión será objeto de una conferencia sectorial específica la próxima semana. En particular, solicitó al Estado que aclare cómo se establecerá la figura del defensor de los derechos del menor, tal como lo estipula la normativa europea para asistir a los menores migrantes no acompañados desde su llegada a las costas hasta su proceso de identificación.
Delgado recordó que el Ministerio ha planteado que esta función podría ser desempeñada por abogados a través del sistema de justicia gratuita. Sin embargo, advirtió que las comunidades autónomas carecen de información sobre cómo se implementará este mecanismo y, especialmente, quién asumirá su financiación. Por ello, hizo hincapié en la necesidad de que las comunidades autónomas participen en el diseño del modelo y tengan acceso previo a los criterios de aplicación del Pacto Europeo, destacando la importancia de contar con seguridad jurídica y recursos financieros adecuados antes de su implementación.
Implementación del modelo Barnahus en Canarias
Durante la misma conferencia, se discutió el modelo Barnahus para la atención a menores víctimas de violencia. Candelaria Delgado indicó que el Gobierno de Canarias está trabajando en una hoja de ruta para su implementación, que incluye proyectos piloto, formación de profesionales y coordinación entre diferentes administraciones. El objetivo es integrar este modelo en el sistema de protección de la infancia y alinearlo con la legislación española de protección integral a la infancia (LOPIVI).
El Juzgado de Instrucción nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria fue pionero en España en especializarse en la atención a menores víctimas de violencia. Tras varios años operando como proyecto piloto, su eficacia y el alto volumen de casos llevaron a su consolidación como sección especializada. A partir de esta experiencia, el Gobierno de Canarias ha diseñado un plan para extender el modelo Barnahus a todas las islas, creando espacios donde jueces, psicólogos, médicos y trabajadores sociales colaboren de manera coordinada para mitigar el impacto que el proceso judicial tiene sobre los menores.
Además, se están incorporando recursos técnicos, como sistemas de grabación de alta calidad, para evitar que los niños deban repetir su testimonio, así como programas de intervención que utilizan perros de apoyo, los cuales ayudan a reducir el estrés y la ansiedad durante las diligencias judiciales.
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