María Juana Peralta Fuentes recuerda con nostalgia su infancia junto al río Sonora, donde solía disfrutar de largas tardes de juegos, baños y comidas al aire libre en San Pablo de Aconchi, su hogar desde siempre. Con el tiempo, llevó a sus hijos a vivir esas experiencias, recolectando berros para preparar ensaladas frescas. Sin embargo, ese idílico paisaje cambió drásticamente hace unos años.
El derrame que cambió todo
El 6 de agosto de 2014, la tranquilidad de la comunidad se vio interrumpida cuando un vecino de Sinoquipe llegó con una alarmante noticia: había ocurrido un derrame en la mina Buenavista del Cobre, operada por una filial de Grupo México, y se les advertía que cerraran los pozos de agua. Los habitantes fueron instados a almacenar el mayor volumen posible de agua, sin saber cuánto tiempo duraría la emergencia. “Nos sentimos muy tristes y derrotados. No sabíamos qué hacer, porque todos los pueblos estaban pasando por lo mismo”, relata Peralta en una entrevista.
Ese día, aproximadamente 40 millones de litros de una solución de sulfato de cobre acidulado se vertieron en el río Bacanuchi y posteriormente alcanzaron el río Sonora, afectando a ocho municipios y más de 22,000 personas. A nueve años del incidente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) atribuyó el desastre a fallos en el diseño del sistema de almacenamiento de la mina, desestimando las justificaciones iniciales de la empresa sobre las lluvias en la región.
Impacto en la calidad del agua
La calidad del agua en la zona se ha visto comprometida. El Dictamen Diagnóstico Ambiental del Río Sonora, publicado por Semarnat en 2023, reveló altos niveles de metales como aluminio, mercurio, hierro y manganeso. Aunque se detectó arsénico en las tomas domiciliarias, este se encontraba por debajo del límite permitido, sumando otros metales a la preocupación de los habitantes. La exposición a altos niveles de estos metales puede tener serias repercusiones para la salud, siendo el arsénico vinculado a diversas enfermedades, incluyendo algunos tipos de cáncer, mientras que el mercurio puede afectar múltiples sistemas del cuerpo humano, especialmente durante el embarazo y la infancia.
Una vida marcada por el miedo
Desde el derrame, la familia de Peralta ha cambiado drásticamente sus hábitos. Ya no se bañan en el río, y sus hijos han dejado de jugar con la manguera. Ahora, compran agua purificada para beber, mientras que el agua de la red se utiliza para bañarse y realizar otras actividades diarias. “Nos bañamos, pero con miedo, temiendo a la contaminación. A menudo, no tenemos recursos para comprar agua, así que solo la adquirimos para beber”, explica.
María Juana es parte de los Comités de Cuenca Río Sonora, una organización que agrupa a los habitantes de las comunidades afectadas, quienes han estado luchando durante más de una década por agua segura, atención médica y restauración ambiental. En 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacó que las autoridades sanitarias no han proporcionado una atención adecuada, a pesar de tener información sobre los riesgos presentes en la cuenca.
Consecuencias en la salud comunitaria
La situación ha sido devastadora para muchos en la comunidad. Peralta comparte que varios de sus compañeros de los Comités han desarrollado cáncer, problemas renales y trastornos tiroideos, y algunos han perdido la vida. Desafortunadamente, ella y su familia no han podido hacerse pruebas para detectar metales pesados debido a la falta de recursos. A pesar de que los documentos públicos aún no pueden establecer una relación directa entre estos diagnósticos y el derrame, la CNDH ha instado a concluir estudios toxicológicos y epidemiológicos para identificar a aquellos que requieren atención especializada.
Desafíos en la agricultura
El derrame también ha tenido un impacto significativo en la economía de la región. El esposo de Peralta perdió su cosecha de maíz y frijol en el ciclo agrícola afectado, y aunque posteriormente intentaron cultivar nuevamente, optaron por cambiar a pastura para ganado. “Ya no es igual la siembra”, señala. La situación ha sido difícil no solo para su familia; un informe de la entonces Secretaría de Agricultura contabilizó a más de 2,500 agricultores y ganaderos en la zona que buscaban apoyo tras el incidente. El cierre de pozos y la desconfianza hacia los productos agrícolas de la región han complicado aún más la venta de estos productos.
Esperanza de cambio y promesas incumplidas
A pesar de los desafíos, María Juana nunca ha considerado abandonar San Pablo de Aconchi. Desde 2014, las autoridades han implementado plantas purificadoras y programas de monitoreo del agua, pero la CNDH ha señalado que muchas de estas acciones siguen incompletas o presentan problemas operativos. Entre las promesas aún pendientes se encuentra la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora, que se anunció para monitorear la salud pública durante 15 años. Sin embargo, su construcción definitiva ha permanecido inconclusa.
Recientemente, se ha comenzado la construcción de un Hospital de la Región del Río Sonora, un proyecto promovido por el gobierno estatal y federal. Peralta manifiesta su esperanza de que esta vez se cumpla con la promesa de atención médica. “Es la esperanza que tenemos con el hospital que van a hacer, a ver si nos atienden”, dice.
Reflexiones sobre la reparación del daño
El aniversario del derrame se ha visto empañado por otra emergencia ambiental relacionada con Grupo México, donde un tren descarriló, causando un derrame de hidrosulfuro de sodio. Este nuevo incidente reitera la necesidad de una respuesta adecuada ante emergencias y de medidas efectivas para prevenir sus efectos a largo plazo.
La reparación del daño ambiental se mide a menudo en términos de recursos financieros y obras construidas; sin embargo, la Ley General de Víctimas también enfatiza la importancia de restituir derechos y atender daños de manera integral. Las comunidades cercanas al río Sonora han experimentado un cambio drástico en su estilo de vida, dejando de acercarse al río y perdiendo la confianza en su agua. “Era nuestra diversión de niños, ir al río a disfrutar, comer y pasar la tarde”, rememora Peralta. “Ahora ya nadie lo hace”.
Peralta subraya la necesidad de que las comunidades reciban información clara, análisis públicos y una infraestructura adecuada que funcione correctamente. Para ella, la verdadera reparación se reflejará en la posibilidad de usar el agua sin temor a enfermarse.
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