La sorprendente conexión entre los pisos turísticos y las elecciones en España que debes conocer

Paquita López, con 83 años y diagnosticada con Parkinson, enfrenta una difícil situación tras recibir una orden de desalojo de su hogar, donde ha residido durante casi 30 años. A pesar de haber cumplido puntualmente con el pago de su renta de 1150 euros (1287 dólares) por su apartamento en la calle Santa Ana 6, en el barrio de La Latina, Madrid, los propietarios, herederos que administran varios edificios a través de la sociedad Tolesanta SL, han decidido expulsarla sin posibilidad de negociación. Paquita teme que su vivienda se convierta en un alquiler turístico en plataformas como Airbnb, tal como ha ocurrido con otros departamentos del edificio.

“He pagado religiosamente durante 28 años. Ahora quieren desahuciarme para hacer espacio a turistas y obtener mayores beneficios”, denunció en un video difundido por la asociación de vecinos La Chispera, que agrupa a residentes de Lavapiés y La Latina. La situación de Paquita se sitúa a menos de diez kilómetros del Palacio de la Moncloa, donde el presidente Pedro Sánchez anunció el pasado 5 de octubre elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.

La vivienda como preocupación social

El caso de Paquita es un reflejo de un problema más amplio que afecta a numerosos españoles: la crisis de vivienda, que se ha convertido en la principal inquietud para el 41% de la población, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Organizaciones como el Sindicato de Inquilinas apuntan a plataformas como Airbnb como parte de la problemática. “Este modelo transforma la vivienda en un negocio atractivo para unos pocos, mientras se vuelve cada vez más inaccesible para quienes buscan un hogar”, afirmó Pablo Pérez, portavoz del colectivo.

Laura Rodríguez, de 38 años y vecina del mismo edificio que Paquita, comparte su experiencia personal. Hace unos años, fue desalojada de su anterior vivienda, junto a sus compañeras de piso, que recibieron un burofax que las obligaba a abandonar el lugar sin opción a renovar el contrato. Tras mudarse a un nuevo apartamento, descubrieron que su antiguo hogar había sido convertido en una vivienda turística disponible en Airbnb. “Vivo bajo un piso ocupado por turistas, lidiando con ruidos y molestias, y a pesar de eso, el alquiler ha aumentado de 900 euros (más de 1000 dólares) a 1500 euros (casi 1700 dólares)”, se queja.

Movilización social y respuesta gubernamental

Las últimas semanas en España han estado marcadas por el debate sobre la crisis habitacional. El 23 de septiembre, Maricarmen Abascal, otra mujer mayor, fue desalojada de su hogar en el barrio de El Retiro, lo que desencadenó protestas contra la especulación inmobiliaria y la falta de acceso a viviendas dignas. Estas manifestaciones llevaron a la acampada en la Puerta del Sol, donde Laura Rodríguez participa regularmente.

En respuesta a la creciente preocupación social, el gobierno de Sánchez presentó dos decretos de urgencia para limitar la venta de viviendas a fondos buitre y prohibir desalojos de personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, estas medidas fueron rechazadas por la mayoría conservadora en el Congreso, lo que llevó al presidente a convocar elecciones anticipadas. “La indignación es palpable, la mayoría social observa cómo sus intereses son ignorados en favor de unos pocos”, manifestó el presidente. Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, anticipa que la campaña electoral estará fuertemente influenciada por el tema de la vivienda.

La situación actual de Paquita y el fenómeno del alquiler turístico

Aunque un juez ha suspendido temporalmente el desalojo de Paquita, estableciendo que no puede ser forzada a abandonar su hogar hasta que no disponga de un lugar alternativo, la problemática de los alquileres turísticos persiste. Investigaciones realizadas por WIRED en Español revelaron que el mismo edificio de Paquita ofrece alojamientos para turistas, y Tolesanta aparece como uno de los anfitriones en estas plataformas, sin que se mencione ninguna licencia o permiso.

Laura Rodríguez denuncia que muchos de estos pisos turísticos operan sin licencia. “Quieren sacar a una persona de su hogar para permitir que un propietario cometa delitos”, argumenta. La proliferación de alojamientos turísticos ha crecido descontroladamente en los últimos años, a menudo sin la correspondiente autorización. La legislación actual establece que en el centro histórico de Madrid, solo pueden operar nuevos pisos turísticos si ocupan un bloque completo, lo que genera un ambiente propicio para el hostigamiento a inquilinos y el incumplimiento de la normativa.

Desafíos persistentes y la falta de regulación

El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que hay más de 13,000 alojamientos turísticos en Madrid y alrededor de 340,000 en toda España, mientras que el Ayuntamiento de Madrid solo registra poco más de mil pisos con licencia. Lucía Lois, concejala de Más Madrid y crítica del fenómeno de la “turistificación”, destaca la falta de supervisión y regulación sobre estos alojamientos: “No se revisan ni se fiscalizan”, afirma.

La situación de Maricarmen Abascal, que fue desalojada, ha catalizado una serie de protestas que han llevado a la convocatoria de elecciones anticipadas. Sin embargo, el problema de la vivienda se multiplica, afectando a personas como Paquita, que teme recibir nuevamente una orden de desalojo, mientras muchos jóvenes enfrentan altos alquileres que consumen una gran parte de sus ingresos. Como señala Pablo Pérez, los pisos turísticos son solo una parte del problema: “Sin una plataforma que les dé visibilidad, es mucho más difícil alquilar”, concluye.