Canarias alerta sobre un recorte de 12,4 millones de euros en servicios de dependencia a pesar de ser líder en la mejora del sistema

Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, ha manifestado su firme desacuerdo ante un nuevo modelo de financiación estatal para la dependencia que, según sus declaraciones, podría resultar en una pérdida de 12,4 millones de euros para el Archipiélago. Esta situación se agrava considerando que Canarias ha logrado mejorar significativamente sus indicadores en atención a personas dependientes en el último año.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento, Delgado criticó la decisión del Estado de castigar financieramente a la comunidad autónoma, a pesar de los avances logrados en la reducción de tiempos de espera y en la disminución tanto de la lista de espera como del limbo de la dependencia. «El tiempo medio de resolución de expedientes ha pasado de 782 días en julio de 2023 a 354 días en la actualidad, lo que representa una notable reducción de 428 días. Además, en el primer trimestre de este año hemos visto una disminución de 1.911 personas en la lista de espera, y el limbo de la dependencia ha caído un 5,1%, la mayor bajada registrada en España», destacó.

Delgado subrayó que Canarias se encuentra a la cabeza del crecimiento nacional en términos de beneficiarios de prestaciones, con un aumento del 13%, así como en el número de personas con derecho reconocido, que ha crecido un 5,4%, cifras que superan la media estatal. «Aún queda trabajo por hacer, pero los datos evidencian una mejora objetiva y medible en nuestra comunidad», argumentó, al tiempo que criticó a la oposición por presentar una visión distorsionada de la realidad.

Asimismo, la consejera recordó que la Ley de Dependencia estipula que el Estado debe financiar el 50% del sistema, un compromiso que, según ella, sigue sin cumplirse. A esta problemática se suma la reciente implementación de un nuevo «factor de corrección del 10%» en el modelo de reparto, que afecta de manera desproporcionada a Canarias, llevándola a sufrir una reducción del 32,3% en la financiación que debería recibir, convirtiéndola en la comunidad autónoma más perjudicada en este contexto.

«Esta decisión no refleja una corresponsabilidad ni una cooperación institucional, sino que penaliza a la comunidad que está logrando en mayor medida corregir sus problemas y avanzar positivamente. Parece que, a medida que mejoramos, enfrentamos más obstáculos desde fuera», expuso Delgado.

Ante estas circunstancias, la consejera ha señalado que está considerando la posibilidad de llevar el asunto a los tribunales si el Estado persiste en el actual modelo de reparto. «No se trata de un simple ajuste técnico, sino de una grave injusticia que afecta a las personas dependientes de Canarias. Es nuestra responsabilidad defender los intereses de nuestra tierra en todas las instancias necesarias, incluidas las judiciales, porque no reclamamos privilegios, sino justicia, legalidad y respeto hacia las personas más vulnerables», concluyó.