La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias, Candelaria Delgado, ha dirigido una carta al ministro Pablo Bustinduy, solicitando una modificación significativa en la Ley de Dependencia. Esta petición busca eliminar las deducciones automáticas que actualmente afectan a los beneficiarios de las prestaciones económicas del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), garantizando así que las personas más vulnerables no sufran recortes en sus ayudas al recibir otros apoyos.
Propuesta de modificación legislativa
El Gobierno de Canarias ha formalizado esta solicitud ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Según el artículo 31 de la normativa vigente, recibir una ayuda de dependencia implica que se reste el importe de cualquier otra prestación pública similar que el ciudadano ya esté recibiendo. Este mecanismo afecta a ayudas fundamentales, como la gran incapacidad, la asignación por hijo a cargo con discapacidad, el complemento por necesidad de tercera persona en pensiones no contributivas y el subsidio de ayuda a tercera persona.
Consecuencias para los beneficiarios
Delgado ha expuesto en su carta las repercusiones negativas que este sistema genera en la vida cotidiana de las personas afectadas. Según sus palabras, la reducción de la cuantía reconocida por el Sistema, debido a la percepción de otras prestaciones, impide que el reconocimiento de un nuevo derecho en el ámbito de la dependencia se traduzca en un aumento real de los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de cuidados y apoyo de los beneficiarios.
Este tipo de deducciones no solo disminuyen el derecho a recibir asistencia, sino que también perpetúan la falta de recursos en los hogares, especialmente en aquellos donde coexisten diversas situaciones de discapacidad y dependencia. “Las personas en situación de dependencia suelen enfrentar necesidades que superan lo que una sola prestación puede cubrir, requiriendo atención personal, supervisión, cuidados continuos, productos de apoyo, y otros gastos relacionados con su autonomía y calidad de vida”, subrayó la consejera.
Demandas de financiación equitativa
El debate sobre la modificación legislativa está actualmente en curso en el Senado. Sin embargo, el proyecto que se tramita solo propone eliminar estas deducciones automáticas para los casos de dependencia extrema (Grado III+). “Si bien valoramos este avance, consideramos injusto limitar la mejora a este grupo y exigimos que se extienda la compatibilidad total a quienes están clasificados en Grados I y II, ya que también enfrentan altos costos”, enfatizó Delgado.
El Ejecutivo canario también ha advertido que la ampliación de derechos debe ir acompañada de un respaldo financiero adecuado por parte del Gobierno de España, para evitar que el costo recaiga exclusivamente en las comunidades autónomas. “Es imperativo que esta incorporación de derechos venga con una evaluación económica y una previsión de financiación suficiente, garantizando así que los derechos ampliados se implementen sin que esto suponga una carga para las arcas regionales”, manifestó.
Nueva normativa de servicios sociales
En un contexto paralelo, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado un decreto que modifica la Ley Canaria de Servicios Sociales. Esta reforma tiene como objetivo adaptar la regulación a un nuevo modelo de funcionamiento, acreditación y calidad de los centros y servicios dedicados a la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.
La modificación permitirá simplificar los procedimientos administrativos y facilitar la creación de centros y servicios mediante la presentación de una declaración responsable. Esto contribuirá a fortalecer la capacidad del sistema para disponer de los recursos necesarios para atender las prestaciones reconocidas, posibilitando que la Administración autonómica actúe ante insuficiencias de plazas o servicios, demoras en el acceso efectivo a prestaciones, y situaciones de urgencia social.
Con estas iniciativas, Canarias busca avanzar hacia un modelo que priorice los derechos humanos y la dignidad de las personas, garantizando que las ayudas cumplan su función de apoyo efectivo a las familias.
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