Clavijo Aboga por Medidas Especiales para Canarias ante la Crisis Energética en Bruselas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, llevará a cabo en Bruselas una serie de reuniones de alto nivel en los próximos días para abogar por medidas específicas que ayuden a las islas a enfrentar la crisis energética. Este martes, se reunirá con Apostolos Tzitzikostas, comisario europeo de Transporte y Turismo, y el miércoles con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva.

Durante estos encuentros, Clavijo expresará su inquietud sobre el impacto que el aumento de los precios de los combustibles, provocado por la guerra en Irán, tiene en el archipiélago. Como territorio ultraperiférico, Canarias presenta un sistema energético aislado y altamente dependiente del petróleo, con el 90% de sus suministros llegando por vía marítima, lo que hace que el transporte aéreo sea crucial para su conectividad. En este contexto, el presidente buscará activar acciones concretas que beneficien a todas las regiones ultraperiféricas, en línea con el artículo 349 del Tratado de la UE, para proteger a los ciudadanos de la escalada de precios.

El propósito de Clavijo es que Bruselas tenga en cuenta las particularidades de Canarias al implementar políticas, dado que la crisis energética afecta de manera más severa a territorios remotos y dependientes del exterior. En una reciente rueda de prensa, el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, enfatizó la necesidad de que la UE reconozca esta realidad.

Este viaje a Bruselas es especialmente oportuno, ya que la UE está deliberando sobre cómo mitigar los efectos del conflicto en Oriente Medio. La Comisión Europea, bajo la dirección de Ribera, ha propuesto medidas urgentes para abordar la crisis energética derivada del cierre del estrecho de Ormuz, a través del plan AccelerateEU. Este plan incluye acciones de emergencia para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, proteger a hogares e industrias y acelerar la transición hacia fuentes de energía limpias, con propuestas como rebajas fiscales en la electricidad y la posibilidad de prohibir temporalmente los cortes de suministro.

Clavijo aprovechará las reuniones para solicitar que estas medidas se adapten a la realidad insular y ultraperiférica de Canarias, asegurando que el plan AccelerateEU contemple estas necesidades en conformidad con el artículo 349 del Tratado que garantiza un tratamiento específico para las regiones ultraperiféricas.

Además de estos temas, Clavijo también abordará otros dos asuntos críticos en sus conversaciones con Ribera y Tzitzikostas que han cobrado relevancia a raíz de la crisis energética. En primer lugar, buscará obtener información sobre la evaluación que Bruselas está realizando del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (EU ETS) tras sus dos primeros años de implementación. Este régimen, que entró en vigor el 1 de enero de 2024, requiere que las aerolíneas y empresas marítimas paguen por sus emisiones de CO2. Desde su introducción, Canarias, junto a Baleares, Ceuta y Melilla, ha estado exenta de este pago por sus conexiones aéreas y marítimas, y Clavijo buscará asegurar que esta exención se mantenga más allá de 2030, dado que es esencial para la conectividad del archipiélago.

Por último, el presidente también discutirá la posibilidad de ampliar el plazo para la ejecución de los Fondos Next Generation, lo que permitiría a Canarias cumplir con su Plan de Energías Sostenibles. Esta solicitud fue planteada al Gobierno de España previamente y respaldada por Pedro Sánchez en el Consejo Europeo informal de Chipre. Clavijo argumentará que es crucial extender el plazo para la justificación de las ayudas europeas, especialmente en un contexto donde se hace necesario reducir la dependencia de la UE de los combustibles fósiles debido a la situación en Oriente Medio. Sin esta prórroga, se corre el riesgo de comprometer proyectos clave para la descarbonización del archipiélago. Para evitarlo, el Gobierno de Canarias está buscando alternativas en colaboración con el Estado, aunque también requieren la aprobación de Bruselas.