Compromiso de la Consejería de Turismo: Modificación de la Ley del Turismo de Canarias y Garantías Jurídicas Aseguradas

La Necesidad de Resolución de Conflictos Turísticos en Canarias

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha subrayado la importancia de abordar un conflicto que ha persistido durante décadas y que exige la colaboración entre diversas administraciones. En su intervención en el Parlamento, De León destacó que las recientes sentencias judiciales validan de manera contundente la aplicación del marco legal vigente, afirmando que su departamento actúa en cumplimiento de la ley y no en su contra.

Durante su exposición, De León expuso que el actual marco normativo de turismo no se adecúa a la realidad de las islas. Reconoció que la inseguridad jurídica afecta tanto a propietarios como a explotadores, y abogó por una revisión que se adapte a las necesidades actuales del sector. «La normativa vigente tiene más de treinta años, un periodo en el que el turismo ha evolucionado significativamente», argumentó la consejera, quien instó a todos los actores involucrados a unirse en la búsqueda de soluciones que beneficien tanto a los propietarios privados como al futuro turístico de Canarias.

Propuestas para un Turismo Sostenible y Eficiente

De León también se refirió al principio de unidad de explotación, asegurando que no se busca eliminar la gestión unitaria ni la especialización turística, ni se está hablando de una residencialización total. «El objetivo es establecer un instrumento más eficaz que garantice la calidad de los establecimientos, la homogeneidad de los servicios y la sostenibilidad territorial», explicó. Además, resaltó la importancia de atender la realidad de los municipios, reconocer las segundas residencias y ofrecer seguridad jurídica a los propietarios.

La consejera enfatizó que esta situación no es exclusiva del actual gobierno, sino que es un problema conocido por todas las administraciones desde hace más de una década. Los complejos turísticos con múltiples propietarios han generado conflictos permanentes entre residentes y explotadores, así como procedimientos sancionadores y recursos judiciales que han permanecido sin resolución efectiva.

Un Nuevo Marco Legal en Progreso

Para abordar esta problemática, la Consejería está desarrollando un nuevo modelo que se adapte a las particularidades de las islas. La nueva Ley de Turismo, que reemplazará la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias y fusionará con la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística, se construirá a partir de un proceso participativo que involucre a todos los sectores y colectivos interesados.

«Se trata de una ley que se elaborará en diálogo. Hemos recibido 745 aportaciones de diversas entidades que van desde asociaciones de alojamientos hasta colectivos ecologistas», afirmó De León, quien destacó la apertura de su Consejería a la participación activa de todos los actores relevantes en la creación de un marco normativo que responda a las necesidades del sector.

Compromiso con la Aplicación de la Ley

Mientras se trabaja en la actualización de la Ley de Turismo, la Consejería tiene la responsabilidad de hacer cumplir la normativa actual. De León aclaró que su departamento no busca perseguir a nadie, sino que actúa para resolver problemas acumulados a lo largo del tiempo. «La verdadera inseguridad jurídica proviene de años de inacción y conflictos sin resolución clara», subrayó.

La consejera citó sentencias recientes que refuerzan la importancia de la unidad de explotación y la necesidad de que los ayuntamientos apliquen la especialización de usos. Destacó que, para consolidar el uso residencial, es indispensable que las entidades locales implementen las herramientas de planificación necesarias y no basen su decisión únicamente en el tiempo de residencia.

Un Futuro Turístico Sostenible y Competitivo

Finalmente, De León reafirmó la posición de los tribunales respecto al derecho de propiedad, enfatizando que este derecho no es absoluto y está sujeto a limitaciones por su función social y las normativas urbanísticas y turísticas. «Canarias necesita una legislación que proteja tanto la competitividad del destino turístico como los derechos de quienes han estado atrapados en esta situación durante años», concluyó, reafirmando el compromiso del Gobierno en la búsqueda de soluciones efectivas para un sector fundamental para la economía local.