El Consejo General de Servicios Sociales ha dado un paso significativo al aprobar el borrador que regulará un modelo más proactivo en la implementación de la Renta Canaria de Ciudadanía. Esta normativa, que se espera entre en vigor en breve, establece las bases para una acción social más inclusiva, en consonancia con la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía. Su objetivo es proporcionar un marco que no solo ofrezca ayudas económicas, sino que también potencie la inclusión y la autonomía de los beneficiarios.
Nueva normativa para la inclusión social
El reglamento que se ha aprobado es crucial, ya que permitirá a los servicios sociales crear itinerarios individualizados de intervención, adaptados a las necesidades específicas de cada persona o unidad de convivencia. Este enfoque innovador se enmarca dentro de la Ley 5/2022, donde se contempla la necesidad de ofrecer un acompañamiento social integral a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
Es importante señalar que esta norma no introduce nuevas ayudas económicas, sino que se centra en desarrollar los instrumentos que permitan hacer efectivo el derecho que otorga la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía. En este sentido, los servicios sociales jugarán un papel fundamental como eje central en el apoyo a las personas más necesitadas.
Instrumentos para la evaluación y acompañamiento
Entre las innovaciones más destacadas de esta normativa se encuentra la regulación del diagnóstico social, una herramienta técnica que permitirá evaluar la situación de vulnerabilidad de cada individuo. Asimismo, se establece el Plan de Atención Personalizado, que definirá objetivos claros y acciones orientadas a facilitar la inclusión tanto social como laboral.
Otro elemento clave es el informe social acreditativo, que servirá como soporte técnico para la concesión, seguimiento y, si es necesario, la extinción de las prestaciones. Este enfoque busca garantizar que cada intervención sea efectiva y adaptada a la realidad de cada persona.
Facilitando el acceso en situaciones de urgencia
La normativa también contempla mecanismos para abordar situaciones excepcionales, permitiendo el acceso a la Renta Canaria de Ciudadanía para aquellos que se encuentren en circunstancias de emergencia social. Esto implica una respuesta inmediata por parte de la Administración, lo que es fundamental para atender las necesidades urgentes de la población vulnerable.
Además, se establecen mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones públicas que gestionan los servicios sociales, así como modelos estandarizados para la elaboración de diagnósticos sociales, planes personalizados e informes, lo que busca asegurar una actuación coherente y eficaz en todo el archipiélago canario.
Enfoque inclusivo y protección de colectivos vulnerables
La nueva norma refuerza su compromiso con la protección de los colectivos más vulnerables. Se incluyen medidas específicas para facilitar la inclusión de personas con discapacidad, menores y familias en situación de riesgo, mujeres víctimas de violencia de género y personas LGTBIQ+. Este enfoque transversal integra tanto la perspectiva de género como un enfoque interseccional en los procesos de valoración e intervención social, asegurando que todos los grupos reciban la atención adecuada y necesaria.
Tras su aprobación en el Consejo General de Servicios Sociales, el borrador continuará su proceso administrativo, que incluirá períodos de información pública y audiencias, antes de ser ratificado definitivamente por el Gobierno de Canarias. Este es un paso hacia un sistema de bienestar más robusto y efectivo para todos los ciudadanos canarios.

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