Nueva Ley del Suelo: Facilita el Acceso a la Vivienda y Fortalece la Protección del Territorio en el Parlamento

El consejero Manuel Miranda ha resaltado la importancia del texto definitivo que ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de Canarias, el cual surge de un proceso de participación en el que han intervenido más de 700 profesionales. Este nuevo marco legislativo aumenta hasta un 40% la reserva de suelo destinado a vivienda pública bajo ciertas condiciones.

Actualización de la Ley del Suelo y Espacios Naturales

Esta mañana, el Consejo de Gobierno de Canarias dio luz verde al texto definitivo del proyecto de actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias. Esta iniciativa, promovida por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, es considerada por su titular, Manuel Miranda, como “una herramienta fundamental para que Canarias aborde los numerosos retos que enfrenta”. El documento, que ya fue aprobado inicialmente en junio, recibió un informe del Consejo Consultivo en septiembre y ahora será enviado al Parlamento de Canarias para avanzar en su tramitación.

Miranda subrayó que esta propuesta busca continuar con la filosofía de la Ley del Suelo de 2017, que ha sido efectiva y ha permitido llevar a cabo más de 250 modificaciones en el planeamiento. Sin embargo, era necesario adaptarla a la nueva realidad del Archipiélago, marcada por desafíos como la crisis de vivienda, el cambio demográfico y la normativa para mitigar los efectos del cambio climático. Entre las medidas más destacadas de la actualización se encuentra el incremento de la disponibilidad de suelo para vivienda pública, que podría llegar hasta un 40% en determinadas circunstancias. Específicamente, en suelo urbanizable, la reserva pasa del 30% al 40%, mientras que en suelo urbano consolidado se incrementa del 10% al 20%.

Proceso de participación y mejora del texto

El consejero recordó que el texto es el resultado de un extenso proceso participativo que se prolongó más de un año y en el que participaron 700 profesionales a través de diecisiete foros. Además, ha destacado que el Consejo Consultivo ha contribuido a mejorar el texto, aportando mayor claridad y precisión en aspectos como las condiciones de evaluación ambiental, los proyectos de interés insular o autonómico y los nuevos planes de renovación de suelos industriales.

La propuesta del Gobierno se articula en torno a cinco ejes principales: la protección del territorio, con sanciones más severas; la agilización del planeamiento, que contempla una reducción del 40% en la documentación requerida; el fomento de la construcción de vivienda pública, incrementando la disponibilidad de suelo; el apoyo a los municipios ante el reto demográfico; y el refuerzo del sector primario, proporcionándole una mayor seguridad jurídica.

Sanciones y medidas de apoyo a los municipios

Entre las medidas propuestas, las sanciones más graves podrían alcanzar hasta 600.000 euros, y se prevé la ampliación de los plazos para su tramitación, con el objetivo de prevenir su prescripción. Asimismo, se estima que los plazos para la tramitación de instrumentos de ordenación se reducirán en un 30%.

El documento también incluye otras iniciativas orientadas a facilitar la fijación de población en los municipios que enfrentan retos demográficos, como el acceso prioritario a ayudas o subvenciones para actualizar su planeamiento. De igual forma, se fortalecerá el sector primario, permitiendo la construcción de viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas, siempre que estas estén vinculadas a actividades agrarias reales.

Un paso hacia un mejor acceso a la vivienda

“La Ley del Suelo es un instrumento esencial para mejorar el acceso a la vivienda. Es fundamental que trabajemos juntos para aumentar la disponibilidad de inmuebles para la sociedad”, afirmó el consejero. El documento ahora será enviado al Parlamento de Canarias para iniciar su debate y eventual aprobación. Miranda también informó que “los portavoces de los grupos políticos en la Comisión parlamentaria ya han tenido acceso al texto desde el verano, con el fin de proporcionarles más tiempo para su análisis” y así garantizar “la mayor transparencia posible en relación con esta norma”.