Impactos del Fracking en México: Riesgos de Escasez de Agua y Sismos Inducidos que Afectan a Más de 6 Millones de Personas

En México, el debate sobre la expansión del fracking ha cobrado relevancia, pero poco se ha discutido sobre las ubicaciones específicas donde se podría implementar y los impactos que esto conllevaría. Un informe de la organización CartoCrítica destaca que la extracción de gas y petróleo mediante esta técnica podría afectar a casi seis millones de habitantes en el país. Este estudio, que integra datos de diversas fuentes como instituciones públicas y atlas geológicos, señala que las áreas con yacimientos no convencionales abarcan 7.7 millones de hectáreas en siete estados. En estas regiones, la investigación resalta la posibilidad de conflictos por la escasez de agua, ya que el fracking requiere grandes cantidades de este recurso.

El análisis también revela que las zonas de interés atraviesan comunidades rurales dispersas y afectan a 2,405 propiedades comunales, muchas de las cuales son indígenas o tienen acceso limitado a servicios esenciales como agua potable y atención sanitaria. Los autores del estudio alertan que la falta de información pública actualizada dificulta que las comunidades comprendan si sus territorios están incluidos en los planes energéticos del país. Además, expertos han expuesto los efectos que el fracking ha tenido en otros lugares del continente, como la Patagonia argentina y la Cuenca Pérmica en Estados Unidos.

Preocupaciones sobre el uso del agua en el fracking

Una de las regiones destacadas en el estudio es la zona petrolera Sabinas-Burro-Picachos, ubicada en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos. Para extraer solo el 10% de los recursos proyectados en esta área, sería necesario perforar 2,233 pozos y utilizar 167.5 millones de metros cúbicos de agua dulce, suficientes para generar 6.7 billones de pies cúbicos de gas, lo que representa el consumo nacional de gas durante dos años. Sin embargo, esta demanda de agua se ubica en una región donde el 83% de la superficie ya enfrenta estrés hídrico, con acuíferos en declive y proyecciones de estrés hídrico alto o extremo hacia 2050.

Manuel Llano, director de CartoCrítica, subraya que, a nivel nacional, el 18.6% del agua requerida para el fracking provendría de cuencas o acuíferos ya sobreexplotados. En el caso de la región Sabinas-Burro-Picachos, este porcentaje alcanza el 100%. Llano plantea la pregunta crítica sobre la disponibilidad de agua en una región con recursos hídricos limitados, señalando que, a diferencia de Estados Unidos que utiliza agua del Río Bravo, en México no existe una alternativa similar.

Impactos ambientales y sociales del fracking

En esta región, donde se busca impulsar la extracción de hidrocarburos no convencionales, residen aproximadamente 1.3 millones de personas, la mayoría en 26 localidades urbanas y 1,850 rurales. La necesidad de agua para el fracking se convierte en un factor clave para evaluar los impactos ambientales de esta actividad no solo en México, sino a nivel global. Por ejemplo, en la Patagonia argentina, cada pozo en el yacimiento de Vaca Muerta consume cerca de 80 millones de litros de agua durante su operación. Javier Grosso, profesor de geografía, destaca la importancia de considerar los impuestos por el uso del agua y cómo las prioridades entre empresas petroleras y el consumo humano pueden influir en el acceso al recurso.

Grosso advierte que, si se opta por expandir el fracking, se deben reconocer los impactos ambientales significativos y planificar el abastecimiento de agua no solo para el presente, sino también para la próxima década, considerando los residuos contaminantes que esta actividad genera. A su vez, menciona que en Texas, esta situación ha llevado a que, a finales de 2024, se detuvieran los permisos para inyección de agua debido a la falta de espacio en el subsuelo para alojarla.

Desigualdades y conflictos en comunidades afectadas

La región de Burgos, que abarca partes de Nuevo León y Tamaulipas, es otra área de considerable interés para la extracción de hidrocarburos no convencionales. En esta zona, más de 358,944 personas residen en 2,651 localidades rurales y enfrentan una falta de infraestructura básica. El estudio advierte sobre los riesgos de implementar fracking en un lugar donde una de cada cinco viviendas carece de drenaje y donde el acceso a servicios de salud es limitado. La extracción de gas no convencional se convierte en un asunto complejo que abarca no solo aspectos técnicos, sino también dinámicas de ocupación territorial, infraestructura y conflictos por el acceso al agua.

Llano menciona que la población en esta región está «atomizada», lo que dificulta el monitoreo de los impactos del fracking. La falta de regulación y supervisión en áreas con alta intervención hidrocarburífera plantea serias dudas sobre la capacidad de las autoridades para gestionar adecuadamente los efectos de esta actividad.

La resistencia de comunidades indígenas y el fracking

El informe de CartoCrítica también señala la región Tampico-Misantla, donde se podrían producir conflictos territoriales significativos. Esta área incluye 2,081 ejidos y comunidades indígenas que hablan lenguas como teenek, nahua, otomí, tepehua y totonaco. Con una población de más de 4.4 millones de personas, la región ya enfrenta tensiones relacionadas con el fracking desde 1997 en el municipio de Papantla, donde las comunidades indígenas han resistido la expansión de esta actividad en sus territorios.

Francisco Xavier Martínez, de la organización Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), destaca que los pueblos totonacos han sufrido desplazamientos y daños debido a la industria del fracking, sin recibir la información necesaria y sin su consentimiento. Aunque el estudio señala un menor estrés hídrico en esta región, la demanda de agua por el fracking podría consumir casi el 75% del recurso disponible.

Las comunidades han reportado problemas de contaminación, con pozos artesanales que comenzaron a extraer agua con aceites. Desde 2022, se ha interpuesto un amparo para detener la exploración y explotación de pozos en la zona. La Asamblea del Trueno, compuesta por poblaciones indígenas, ha exigido que se replanteen las intenciones de continuar con la explotación de hidrocarburos.

La especialista Aleida Azamar enfatiza que el riesgo de despojo se agrava en esta región, con comunidades que enfrentan contratos desventajosos y falta de consulta. Subraya la importancia de contar con información pública precisa y accesible para prevenir conflictos y garantizar el monitoreo adecuado de las actividades de alto riesgo como el fracking.