noviembre 19, 2026

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OpenAI y Anthropic buscan frenar el avance de la IA: ¿Las leyes antimonopolio lo permitirán?

OpenAI y Anthropic buscan frenar el avance de la IA: ¿Las leyes antimonopolio lo permitirán?

Recientes informes han señalado la proliferación de agentes de inteligencia artificial (IA) que llevan a cabo hackeos coordinados en páginas web y se congregan en foros clandestinos. A raíz de estas preocupaciones, así como de las advertencias emitidas por un ingeniero que dejó su puesto en Anthropic, las empresas más destacadas en el ámbito de la IA han solicitado una «ralentización» en el desarrollo de esta tecnología. Aunque la idea ha sido presentada de diversas maneras, también han manifestado inquietudes sobre cómo un acuerdo de este tipo podría interferir con las leyes antimonopolio.

Expertos en competencia han indicado que, a pesar de que la estrategia formulada por las empresas puede no ser la más favorable, permitir el avance desenfrenado de una IA que podría descontrolarse no se alinea con los objetivos de la Ley Sherman, una de las normativas antimonopolio más significativas en Estados Unidos, destinada a proteger la competencia. Por otro lado, obtener la aprobación formal del Gobierno podría ser una medida eficaz para evitar investigaciones costosas en el futuro.

El lenguaje en la defensa de la competencia

En el ámbito antimonopolio, la terminología utilizada por los empleados para describir decisiones corporativas puede ser tan relevante como la decisión misma. Por ejemplo, Google ha capacitado a su personal para evitar frases que puedan insinuar prácticas anticompetitivas, incluso en comunicaciones internas. En su lugar, se les ha aconsejado resaltar cómo tales decisiones mejoran sus productos y benefician al consumidor.

Desde una óptica antimonopolista, términos como «ralentización» o «pausa» podrían suscitar más sospechas que las acciones concretas a las que se refieren: el desarrollo de mecanismos que aseguren que los modelos avanzados de IA no escapen a su control. Un enfriamiento acordado sin un objetivo claro podría ser interpretado por los reguladores como un pacto anticompetitivo que limita el comercio. John Bergmayer, asesor jurídico de Public Knowledge, señala que «en cierto modo, se han metido en un callejón sin salida con la forma en que formulan las cosas».

Bergmayer explica que, en el marco de la defensa de la competencia, uno de los aspectos que analizan los economistas es si se está reduciendo la producción, es decir, si varias empresas están llegando a un acuerdo para «tomarse las cosas con calma». Las empresas de IA podrían haber presentado su iniciativa como un esfuerzo conjunto para establecer protocolos de seguridad que mitiguen riesgos catastróficos, en lugar de enfocarse en la desaceleración del desarrollo como un objetivo primario.

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Diversidad de opiniones en la alta dirección

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, quien recientemente evitó una importante demanda antimonopolio de la Comisión Federal de Comercio (FTC), se pronunció sobre la propuesta de desaceleración, sin respaldar una «ralentización» explícita. En su lugar, destacó que los laboratorios de IA poseen un fuerte incentivo natural para asegurar que sus agentes se comporten correctamente, ya que los consumidores no desean que los modelos actúen de manera inesperada, un fenómeno conocido en el sector como «desalineación». A su juicio, las empresas que no dediquen el tiempo necesario a lograr una alineación adecuada «se quedarán atrás» en competitividad.

David Lawrence, exdirector de políticas de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia (DOJ), argumentó en LinkedIn que los acuerdos diseñados para prevenir riesgos catastróficos «aumentan la producción y fomentan la competencia», y están amparados por la ley bajo lo que se conoce como la «doctrina de las restricciones accesorias».

Un abogado especializado en antimonopolio de la FTC subrayó que «sin competencia no habría humanidad». Sin embargo, un acuerdo colectivo para no implementar medidas de seguridad podría llevar a los laboratorios de IA a enfrentar acusaciones de «manipulación de la calidad», una situación que ocurre cuando las empresas deciden no mejorar sus productos mutuamente. Roger Alford, profesor de la Facultad de Derecho de Notre Dame, recordó un caso antimonopolio en Europa donde compañías automovilísticas colaboraron para desarrollar tecnología de reducción de emisiones, pero acordaron no competir en mejoras que excedieran lo legalmente requerido, lo que resultó en una multa de aproximadamente mil millones de dólares.

El dilema de la autorregulación

La autorregulación no es un concepto nuevo en el ámbito empresarial. Bergmayer menciona que las industrias pueden limitar su responsabilidad en cuestiones de defensa de la competencia mediante la Ley Nacional de Investigación y Producción Cooperativa de 1993, que permite la formación de una organización de desarrollo de normas, siempre y cuando se notifique a la FTC y al DOJ.

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No obstante, los defensores de la competencia suelen mostrarse escépticos ante las exenciones antimonopolio, argumentando que estas tienden a beneficiar a los grandes actores en detrimento de las nuevas empresas que buscan abrirse camino en el mercado. David Sacks, copresidente del Consejo Asesor Presidencial sobre Ciencia y Tecnología, ha cuestionado la solicitud de exención, acusando a Anthropic y OpenAI de formar un duopolio y describiendo la petición como una «operación psicológica en plena campaña electoral» y una excusa para «formar un cártel».

A pesar de estas críticas, muchos empleados de las principales empresas de IA han expresado su preocupación por la velocidad a la que se están desarrollando nuevos modelos, posiblemente sacrificando la seguridad en el proceso. «A veces, las empresas buscan la regulación como una estrategia para protegerse. Pero en realidad, a veces sienten que el mercado las presiona a actuar de manera que consideran inapropiada», señala Bergmayer. Además, añade que «psicológicamente, tal vez los laboratorios de IA sientan que no tienen el respaldo de los mercados, ni de su próxima salida a bolsa, ni de ninguna otra circunstancia que les permita tomar medidas unilaterales».

Presiones políticas y el futuro de la IA

Durante este verano, tanto Anthropic como OpenAI presentaron documentación confidencial para sus ofertas públicas iniciales, alcanzando valoraciones cercanas o superiores al billón de dólares. Se espera que Anthropic realice su salida a bolsa el próximo mes, mientras que el CEO de OpenAI, Sam Altman, ha declarado que su empresa retrasará su oferta pública hasta 2027 debido a las recientes preocupaciones sobre seguridad. Según informes, el director financiero de OpenAI ya había comunicado a sus empleados que la empresa cotizaría en bolsa en 2027. El índice Ramp AI, que mide las tasas de adopción de la IA, indica que ambos modelos tienen niveles de uso similares y compiten por el liderazgo en el sector. Ninguna de las compañías ha respondido a las solicitudes de comentarios para este artículo.

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Alford señala que «creo que quieren una exención porque piensan que necesitan coordinarse para reducir el ritmo, ya que no quieren desarmarse unilateralmente mientras los demás siguen avanzando a una velocidad vertiginosa». Además, la presión política para avanzar rápidamente en este campo es palpable. Tras la difusión de la propuesta de ralentización, el expresidente Donald Trump comentó en redes sociales que el gobierno ya posee «¡un enorme poder PENAL y REGULADOR sobre estas empresas!» y subrayó que «¡QUIEN GANE EN IA, GANA!».

La cuenta del director de tecnología del Departamento de Defensa (DOD) también ha estado compartiendo memes «anti-catastrofistas», aparentemente en respuesta a la idea de una desaceleración. La División Antimonopolio del DOJ no está exenta de estas presiones políticas. Alford fue destituido de la agencia el año pasado después de acusar a la dirección del Departamento de Justicia de corrupción al haber aprobado una fusión entre dos empresas de infraestructura tecnológica, una operación que él mismo calificó de «escándalo» en un discurso público.

Un periodista del Wall Street Journal también reportó que Andrew Ferguson, presidente de la FTC, declaró en una conferencia sobre competencia que Trump «decidiría cualquier política sobre IA». Si el gobierno federal decidiera investigar una desaceleración en el desarrollo de la IA, se trataría de una indagación sobre posibles prácticas anticompetitivas. A diferencia de la revisión de fusiones, este tipo de investigaciones pueden extenderse durante años, obligando a las empresas de IA a entregar millones de documentos, y a sus directivos y empleados clave a declarar. Los dispositivos de cientos de trabajadores podrían ser objeto de conservación por motivos legales, incluso si el gobierno concluye que no hay motivos para presentar cargos.

Sin que se vislumbren nuevas regulaciones y con pocas probabilidades de que se conceda una exención antimonopolio, los laboratorios pioneros en IA se verán obligados a establecer sus propias normas de funcionamiento y, posiblemente, a esquivar alguna que otra investigación en el camino.