Poli Suárez destaca la nueva ley que valora la diversidad como fortaleza en las escuelas canarias

Avances en la Ley Canaria de Atención a la Diversidad

El anteproyecto de la nueva Ley Canaria de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado establece un marco normativo que garantiza derechos fundamentales para los estudiantes, así como las obligaciones que la Administración debe cumplir para fomentar un sistema educativo más inclusivo. Esta legislación se perfila como un paso crucial hacia la mejora de la atención a la diversidad en las aulas canarias.

Una de las transformaciones más significativas que propone la normativa es la modificación del modelo de Aulas Enclave, que se convierte en una medida temporal, revisable y reversible. Este cambio no solo busca mejorar la atención a la diversidad, sino también asegurar que cada familia tenga la libertad de elegir el centro educativo que mejor se adapte a las necesidades de sus hijos, eliminando las restricciones que actualmente limitan esta opción.

Un cambio cultural en la educación

Durante una reciente sesión parlamentaria, el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, subrayó que este anteproyecto representa un cambio profundo en la comprensión de la inclusión en el ámbito educativo. El consejero enfatizó que la diversidad debe ser considerada como una fortaleza dentro del sistema educativo, lo que implica un compromiso con una atención más personalizada para cada alumno.

El texto ya está en proceso de tramitación parlamentaria y se ha diseñado como una ley ambiciosa que aborda la diversidad en sus múltiples dimensiones, poniendo el bienestar de los estudiantes en el centro de la educación. Suárez destacó que la intención de esta ley no es únicamente regular procedimientos, sino fomentar un cambio cultural que impulse la inclusión en los centros educativos, permitiendo a cada estudiante desarrollar plenamente su potencial.

Consultas y participación comunitaria

Este proyecto legislativo ha sido el resultado de un proceso de consulta que ha incluido a familias, organizaciones de discapacidad, sindicatos, equipos de orientación y docentes. El consejero mencionó que la ley ha sido construida desde la escucha activa y el consenso, lo que garantizará que se aborden las verdaderas necesidades del alumnado y sus familias.

Entre las innovaciones más relevantes del anteproyecto, se encuentra la reconfiguración del modelo de Aulas Enclave, que dejará de ser visto como un sistema de escolarización paralelo, permitiendo que los estudiantes permanezcan en grupos ordinarios y participen en la vida del centro, al tiempo que reciben la atención especializada que requieran, en función de sus necesidades individuales.

Un enfoque integral hacia la diversidad

El borrador de esta ley, desarrollado por la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, se propone regular todas las enseñanzas no universitarias y aborda la diversidad desde una perspectiva amplia. Aunque se centrará en las necesidades educativas especiales, también incluirá aspectos culturales, lingüísticos, sociales y de género, así como situaciones de vulnerabilidad.

La norma se enfoca en establecer un marco de derechos y compromisos tanto para el alumnado como para la Administración educativa, con el objetivo de construir una cultura escolar más inclusiva. Suárez sintetizó esta visión afirmando que se busca un cambio hacia un modelo educativo que priorice el bienestar de toda la comunidad educativa.

Formación y accesibilidad en el sistema educativo

Entre las medidas que se incorporarán, destaca la formación obligatoria del profesorado en atención a la diversidad y bienestar, un nuevo modelo de informe psicopedagógico con un enfoque más contextual, así como la creación de un Plan de Bienestar Digital. Además, la ley contempla la adaptación progresiva de los centros educativos para que sean más accesibles e inclusivos, así como el fomento de la colaboración entre administraciones y la participación activa de las familias en la implementación de políticas inclusivas.

Esta futura normativa complementa un conjunto de iniciativas que la Consejería de Educación ha impulsado durante la legislatura actual, con el objetivo de reforzar la atención a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. Desde el inicio de este periodo, se ha incrementado el número de profesionales dedicados a este ámbito, sumando más de 3.400 especialistas, y se han incorporado nuevos centros a la red de atención educativa.